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El antiguo vertedero de Torremolinos, que operó durante 21 años, entre 1990 y 2011, sin permiso alguno, es un problema perfectamente cuantificable: 1,6 millones de metros cúbicos que llegaron a ser acumulados a los pies de la sierra de la ciudad costasoleña. Su existencia ... hizo que la Comisión Europea impusiera a España una multa millonaria, a cuenta de la pésima gestión de este y otro medio centenar de basureros. Esta anomalía está en vías de solución.
Desde que cerró, hace casi tres lustros, ha permanecido inactivo el depósito. No fue hasta 2022 cuando la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente comenzó a trabajar en su clausura efectiva, es decir, la recuperación del entorno deteriorado. Los trabajos están bastante avanzados e incluyen soluciones innovadoras para la gestión de los desechos. Una de las medidas más llamativas es la instalación de bioventanas con capacidad para oxidar el metano, producido como consecuencia de una actividad muy contaminante.
¿Cómo funciona este sistema? Es una tecnología que, mediante la combinación de sustratos, crea las condiciones óptimas para la eliminación biológica de los gases, tal y como fue expuesto, por ejemplo, en la conferencia que organizó, en 2023, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente dedicada a los vertederos. La Consejería apunta que es una solución más adecuada que las tradicionales antorchas de combustión. En este caso, debido a la antigüedad de los residuos el fuego no es eficaz.
El proyecto de sellado del vertedero es una intervención del calado, con un presupuesto que supera los 8 millones de euros, y que, para su puesta en marcha, en palabras del titular de Medio Ambiente en 2023, Ramón Fernández-Pacheco, implicó desenredar «una auténtica maraña administrativa». Salvado este lío, está previsto que las obras concluyan en abril de 2025. Para la Junta, esta acción «reafirma su compromiso con la recuperación ambiental y la gestión sostenible de los espacios degradados».
La eliminación de los restos del vertedero tiene otras derivadas, a raíz del procedimiento empleado hasta llegar a 2022, cuando Medio Ambiente toma cartas en el asunto. En el pleno del pasado mes de noviembre, la Corporación torremolinense aprobó, con los votos de la mayoría absoluta del PP, la abstención de VOX y el rechazo de IU-Podemos y el PSOE, dar cumplimiento al convenio suscrito, en 2018 (con los socialistas en la Alcaldía) que permitió trasladar los desechos a suelo de la empresa que opera la cantera San Miguel.
A cambio, la Administración local, tuvo que poner a su disposición otra parcela que le permitirá ampliar su actividad. A su vez, para dar este paso, el pleno tenía que solicitar a la Junta la declaración de interés general o público prevalente sobre el forestal de la finca en cuestión. Son 11,27 hectáreas de la parcela 49 de polígono 2 de la Sierra de Torremolinos.
A pesar de haber impulsado esta salida, el partido del puño y la rosa considera que, actualmente, es mejor solución que la ciudad abone los 3,2 millones de euros fijados como indemnización a la compañía ante el incumplimiento del convenio, pues, entre otras cosas, defiende el PSOE, se ha modificado la cartografía del terreno sobre lo firmado en un primer momento. Estos reparos, a los que se unen los de IU-Podemos por los posibles riesgos de avenidas de agua, no tuvieron efectos.
El equipo de Gobierno argumentó que la última palabra sobre la puesta a disposición del suelo la tiene la Junta de Andalucía y que, en cualquier caso, el Ejecutivo regional ha detallado a la empresa las medidas que tiene que articular para evitar que la cantera genere riesgos con su ampliación.
El vertedero es un asunto enquistado. La Junta de Andalucía, en 2006, con el PSOE al frente, tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, abrió un expediente sancionador tras constatar que el basurero no contaba con autorización administrativa, carecía de estudio de impacto medioambiental y entrañaba un riesgo de contaminación para los acuíferos del subsuelo de la sierra.
Ante la negativa del Gobierno local de entonces, presidido por el popular Pedro Fernández Montes, comenzó un litigio que duró más de un lustro y no concluyó hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ordenó la clausura de las instalaciones.
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