'Caso Legionela': La Fiscalía investiga posibles anomalías en la compra de máquinas para tratar el agua en los colegios de Benalmádena

En paralelo puso en marcha un proceso de higienización en el colegio y en unos días la presencia de la bacteria quedó descartada, sin ningún afectado. Pero aquello fue la punta del iceberg, un suceso que acabó desencadenando una serie de hechos que ahora ya están en mano de la Fiscalía, que ha abierto una investigación a raíz de una denuncia presentada por el PSOE de Benalmádena.

En dicha denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el PSOE habla de que solo unos meses antes de que se detectara la presencia de legionela en el colegio, el actual Gobierno local había procedido a la compra de diecisiete aparatos para el tratamiento y mejora de las aguas, que fueron instalados en los centros educativos del municipio. Dicha compra se realizó a través de la sociedad municipal Provise y según relata la denuncia, dicha sociedad realizó un informe para justificar dicha compra exponiendo una serie de motivos, entre ellos que tenían capacidad para «tratar bacterias multirresistentes» como la legionela, aunque de ser así algo habría fallado en el proceso si poco tiempo después de su instalación se detectó la bacteria.

Al margen de eso, donde el PSOE entiende que puede haber indicios de delito es en el proceso de compra de dicha maquinaria. Las diecisiete máquinas se compraron a través de dos contratos menores, es decir, dos contratos que al no superar la cantidad que estipula la Ley (15.000 euros) no tienen que someterse a un proceso de licitación pública, sino que se adjudican directamente a la empresa que se considere oportuna. Cada uno de esos contratos se adjudicó por un importe de 14.630 euros más IVA. Y cada contrato se firmó con una empresa distinta. Según la denuncia que acaba de ser admitida a trámite por la Fiscalía, podría existir una relación entre las empresas beneficiadas que «revela un entramado que sugiere que operan como si fueran entidades independientes, cuando en realidad están interconectadas, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de los procedimientos de contratación».

A ello se añade que «estas posibles implicaciones penales son especialmente relevantes si se considera que el administrador de una de las empresas beneficiadas es cónyuge de una concejala del actual equipo de Gobierno», relata la denuncia en relación al empresario Francisco Martín Subires, marido de la actual concejal de Festejos, Yolanda Peña. Ante esto, el PSOE manifiesta la posibilidad de que se hayan cometido delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, y cohecho por parte del actual alcalde, Juan Antonio Lara, como presidente de la sociedad Provise; de la gerente de dicha sociedad, María José Lara y de los empresarios a los que se les compraron las máquinas, es decir, el propio Martín Subires y Juan Ramón Pallarés, administrador mancomunado de las otras dos sociedades implicadas en la operación.

A eso se añade la denuncia por amenazas y calumnias contra uno de los empresarios, en concreto el marido de la concejal, ya que según recoge el documento, éste habría enviado una serie de mensajes al secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ex alcalde del municipio y actual concejal en la oposición con «un tono amenazante, instando al concejal a que cesara en sus preguntas o comentarios sobre los expedientes en cuestión, aludiendo a supuestas comisiones y a la existencia de unas fotografías».

Este periódico ha intentado recabar sin éxito la versión del actual Gobierno municipal y la del empresario señalado por amenazas.

Por otra parte, la decisión de la Fiscalía de atender la denuncia presentada en septiembre por el PSOE e iniciar investigación en torno a la compra de dichas máquinas se conoce solo un día después de que el secretario general de los socialistas en Benalmádena y ex alcalde del municipio, Víctor Navas, acudiera a juicio tras la demanda presentada por un trabajador municipal por supuestos conflictos laborales y por supuestamente haber sido «víctima de un presunto acoso laboral» con el fin de que abandonara su puesto.

Dicho proceso se abrió en concreto contra el Ayuntamiento de Benalmádena, dos antiguos responsables de los Servicios Operativos de la administración y el propio Navas como alcalde en el momento en el que ocurrieron los hechos. El juicio quedó el lunes visto para sentencia sin que el ex alcalde tuviera finalmente que declarar.