Ninguna empresa presenta oferta para gestionar la perrera de Torremolinos

La asociación Parque Animal, presidida por Carmen Marín, gestionó de forma directa estas instalaciones desde 1998 hasta 2010, cuando el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil descubrió decenas de cuerpos de animales en contenedores de basura y congeladores. Tras una larga investigación derivada en un juicio que se prolongó durante cuatro jornadas, Marín fue condenada a casi cuatro años de prisión por delitos de falsedad documental y maltrato animal. El juez consideró probado que la supuesta protectora, registrada como asociación sin ánimo de lucro y que durante años pregonó una falsa política de sacrificio cero, realizaba «sesiones de exterminio» que tenían una finalidad «lucrativa» y acabaron con las vidas de cientos de animales mediante métodos que provocaban su agonía y no se ajustaban a la ley. La sentencia responsabiliza a Marín y a uno de sus ayudantes de estos sacrificios «masivos e injustificados».

Aunque la gestión pertenece a Canes, los terrenos del parque zoosanitario continúan siendo propiedad de Parque Animal, a la que el Ayuntamiento cedió las instalaciones en 1998 por un periodo de cincuenta años. En 2012, después de la investigación del Seprona, el Consistorio aprobó, entre las críticas de la oposición, que Parque Animal cediera a Canes el derecho de superficie de parte de las instalaciones. La falta de un concurso público, un procedimiento que el entonces alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), aseguró que era «imposible» convocar por los derechos de Parque Animal sobre los terrenos y por la presunción de inocencia de su presidenta, provocaron las quejas de varios socios.

La impulsora de la Asociación de Afectados por Parque Animal, Ana Fernández, colectivo que posteriormente se presentó como acusación popular en el caso, llegó a ser expulsada de un pleno tras denunciar públicamente que la cesión a Canes no podía llevarse a cabo sin el apoyo de la asamblea de socios. La junta directiva de Parque Animal, registrada como protectora en 1996, está formada por Marín, sus dos hijas, su yerno y su nieta, según consta en la documentación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Además de los terrenos de la perrera, Parque Animal también mantiene la concesión administrativa de una caseta en el recinto ferial.

Canes seguirá prestando el servicio zoosanitario en Torremolinos hasta que se produzca una nueva adjudicación, como garantiza la ley. El pliego actual también contempla el sacrificio de animales. Fuentes municipales aseguran que «no es inusual» que las convocatorias públicas se queden desiertas. En cuanto al procedimiento judicial, al que el Ayuntamiento se sumó como acusación el año pasado, Marín se enfrenta a otra acusación por usar dinero de la asociación para pagar viajes en hoteles y restaurantes de lujo, comprar vehículos y financiar la reforma de la clínica de su hija, entre otros gastos.