Mil euros al mes por usar el vial que une sus pisos con la calle en Benalmádena

Palmeras 25 es una moderna urbanización construida en Benalmádena Costa en 2019, en la que residen 42 vecinos. La entrada principal del edificio mira hacia un vial, de pocos metros de longitud, que conecta a los residentes, en apenas unos pasos, con la calle, concretamente con la avenida de las Palmeras. Lo que no sabía ninguno cuando compraron la vivienda de sus sueños es que por pasar por ese vial para salir a la calle iban a tener que pagar al Ayuntamiento 1.000 euros al mes.

En el año 2019, cuando se levantó el edificio, la constructora SENTIANO SL firmó con el Ayuntamiento de Benalmádena un acuerdo urbanístico para que los vecinos residentes pudieran entrar y salir por ese vial, que es la «salida natural a la calle» si salen andando, o de entrar, en caso de que reciban cualquier visita o servicio, ya que su portal tiene la entrada ahí. Dicho convenio contemplaba el pago de los mencionados mil euros mensuales al Ayuntamiento de Benalmádena, en concepto de limpieza y mantenimiento de dicho vial, que forma parte del Club de Raqueta de Benalmádena, unas instalaciones destinadas a la práctica de deportes de raqueta, que son equipamiento local, pero que están gestionadas por una empresa privada. Igualmente incluía la cesión de 41 plazas de aparcamiento por parte de la constructora al Ayuntamiento y la remodelación de dos pistas de pádel.

De todo esto se enteraron los vecinos cuando ya habían comprado sus viviendas. Hoy, casi cinco años después, continúan con la batalla porque se niegan a que «nos cobren por salir de nuestra casa», según explican. Califican la situación de «rocambolesca» porque para regular el paso por ese vial se instalaron unas puertas mecanizadas, que solo abren con un mando. «Si se va la luz en el Club de Raqueta, ya no podemos salir», continúan. Otra situación frecuente es que «si viene visita, traen la compra, un paquete... tenemos que bajar con el mando para que puedan acceder desde la calle a nuestro portal». «Es como estar presos en nuestras propias casas», resumen.

Los vecinos se negaron desde el principio a abonar esos mil euros y en esas siguen. Tampoco el Ayuntamiento ha pagado en estos años su cuota de comunidad correspondiente por las 41 plazas de aparcamiento en el edificio que la constructora le entregó y que según fuentes conocedoras del caso están «registradas, pero no escrituradas».

En mitad de esta batalla, en octubre de 2022, la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) recibió una denuncia anónima sobre este caso y decidió investigar la posibilidad de que se hayan producido «actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal» por parte del Ayuntamiento. Dicha investigación continúa abierta, aunque en su informe más reciente, al que ha tenido acceso este periódico, la Oficina Antifraude ya señala dos cuestiones clave.

Por un lado apunta a que la figura legal que se utilizó en su momento para permitir el acceso de los vecinos a sus viviendas por el vial no fue la correcta y entre otras cuestiones, señala que lo correcto hubiese sido establecer una servidumbre. Y por otra habla de una contraprestación «desproporcionada» en referencia a los mil euros. Ante esto solicita al propio Ayuntamiento que investigue si el convenio urbanístico siguió la tramitación que marca la normativa, le pide que vuelva a cuantificar el coste del derecho de paso, por si las condiciones marcadas en 2019 puedan resultar «abusivas» y que cuantifique también cuánto cuesta limpiar ese vial., así como el destino de los fondos. Sobre esto último los vecinos han reconocido que no han hecho pago alguno.

Además, la OAAF establece un plazo para que el Ayuntamiento le remita toda la información y en caso de no hacerlo, le avisa de que se trataría de una «infracción que podría llevar aparejada una sanción».

Fuentes del actual equipo de Gobierno del PP (elegido en mayo de 2023) señalan que están colaborando en todo lo que está en su mano con la Oficina Antifraude porque ellos son los «principales interesados» en que se esclarezca lo ocurrido. Denuncian que nada más entrar al Gobierno se toparon con los requerimientos de las Oficina Antifraude, por los que se enteraron de esta situación ya que, según explicaron, el convenio no pasó en su momento ni por comisión informativa, ni por junta de gobierno local ni por pleno.

Desde el anterior equipo de Gobierno del PSOE, el entonces concejal de Deportes, Joaquín Villazón, quien se encargó de negociar dicho convenio, defendió que se hizo con el «aval de los informes técnicos». «La constructora quiso hacer la entrada en la parte baja del edificio porque eso les suponía una venta más fácil, esa entrada daba al vial del Club de Raqueta y a cambio de permitirles su uso se intentó negociar el mejor convenio posible para el Club de Raqueta», resumió.

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