La Junta asegura que las obras del chiringuito Bikini Beach se ejecutan conforme a la licencia

Ahora la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de un expediente sancionador a la empresa que ejecuta las obras por una «ocupación abusiva del espacio». Después de que el pasado mes de enero, agentes de la Consejería realizaran una inspección a la obra, se le comunicó a la empresa un apercibimiento y se le dio un plazo de cinco días para subsanar ese uso abusivo, que tal y como aclaran fuentes del Gobierno andaluz, hace referencia al espacio de playa que están ocupando, ya sea para almacenar material de obra o acopio de tierra procedentes de la excavación.

En ningún momento ese apercibimiento, que ahora ha pasado a ser una sanción, al no obtener respuesta alguna por parte de la empresa, tiene que ver con el proyecto de obra en sí, que según la Consejería, se está desarrollando «conforme a la licencia que se dio para el proyecto en el año 2020», lo que confirma la versión de la empresa, Alberro Arquitectos, quien ya defendió que el proyecto cumple con los permisos concedidos por la Junta y el Ayuntamiento.

El hecho de que la licencia se concediera en el año 2020 no es baladí, teniendo en cuenta que lo que la organización ecologista defiende es que el proyecto de Bikini Beach «contraviene lo previsto en el Reglamento General de Costas aprobado en agosto de 2022 y que modifica el reglamento de 2014». Esa modificación, según apuntan los ecologistas, no permite que los chiringuitos tengan sótano de obra. «La licencia se concedió conforme a la normativa vigente en 2020, que fue cuando se resolvió el expediente», inciden desde la Junta de Andalucía.

Esto no evita que si la empresa no cumple con la exigencia marcada por la Junta y reduce el espacio de playa que está ocupando para el desarrollo de las obras «se puede proceder a la paralización» de las mismas hasta que se adecuen.

Por otra parte, desde la Consejería responden a las acusaciones vertidas por Ecologistas en Acción relativas a un «abuso de competencias» o incluso un presunto delito de prevaricación por parte de la Administración a la hora de conceder licencias a los chiringuitos. «Tanto en este como en otros casos, la Junta ha actuado en función de sus competencias», afirman desde el Gobierno andaluz y añaden que «Costas, por su parte, también ha actuado en el ejercicio de sus competencias y no siempre esas competencias van en la misma línea». «Por eso estamos en conversaciones y diálogo constante y ya hemos firmado actas de acuerdo sobre algunas de estas instalaciones», apuntaron por último.