La Junta pone fin a una larga batalla entre Fuengirola y Benalmádena por unos terrenos en la frontera entre ambos municipios

Según detallan desde el Gobierno andaluz, en esos terrenos residen 89 personas en 50 unidades catastrales. El Consejo de Gobierno ha tomado esta decisión tras recabar la información de ambos municipios y tras el informe contrario del Consejo Consultivo.

Fue en marzo de 2021 cuando el Ayuntamiento de Fuengirola presentó una solicitud en la entonces Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para alterar el límite territorial entre su término municipal y el de Benalmádena agregándose 6,72 hectáreas, alegando que, desde su primer Plan General de Ordenación Urbana de 1964, Fuengirola ejerce sobre este espacio competencias urbanísticas, censales y tributarias, entre otras, sin oposición del Ayuntamiento de Benalmádena, que excluye esta zona al ordenar urbanísticamente su término municipal. Por ello, rechazaba compensar económicamente al municipio vecino.

Dicho consistorio añadía que se trataba de una modificación puramente formal que no alteraba ni la capacidad fiscal de Benalmádena ni la prestación de los servicios a los residentes en la zona, ya que tanto el IBI como la tasa de residuos de las 50 unidades catastrales ya son recaudados por el Ayuntamiento de Fuengirola que, además, era el que había concedido las licencias municipales de las viviendas. No obstante, garantizaba a los vecinos afectados los derechos adquiridos. También indicaba que no existe en la zona ningún organismo administrativo.

Según el informe del Ayuntamiento de Fuengirola, con la alteración solicitada, el término municipal de Benalmádena reducía su superficie un 0,24% y el de Fuengirola se incrementaba un 0,65%, siendo su densidad de población mayor que la de la localidad vecina.

La petición de Fuengirola, según continúa el informe del Consejo de Gobierno, respondía a la necesidad de expansión urbanística debido a la escasa superficie territorial de su término municipal (1.036 hectáreas frente a las 2.720 de Benalmádena) con una población en crecimiento en una zona conectada con la autovía del Mediterráneo, lo que facilita su acceso al núcleo de Fuengirola y a sus servicios.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benalmádena se opuso a esta solicitud al señalar que, a pesar de ser una zona aislada, la Reserva del Higuerón se encuentra plenamente integrada en el entramado urbano de Benalmádena, cuyo Consistorio ha dotado de infraestructura de accesos a la misma y presta varios servicios a los vecinos. También señaló que la pretensión de Fuengirola vulnera el desarrollo urbano sostenible, ya que los vecinos cuentan con colegios, instalaciones deportivas, centros comerciales, farmacias, supermercados y gasolineras en una ratio media de dos kilómetros, mientras que estos mismos servicios en Fuengirola quedarían a una media de seis kilómetros de la zona, teniendo, además, que atravesar la autovía.

Antes de llegar al Gobierno andaluz, el tema fue tratado en otras instancias, entre ellas la Diputación de Málaga, que no se pronunció al respecto, mientras que la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga informó de que la zona consta como incluida en el término municipal de Benalmádena por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga.

La Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos emitió un informe en el que señaló que ambos ayuntamientos cuentan con solvencia financiera, por lo que los efectos recaudatorios y de gasto de la alteración territorial no conllevarían gran quebranto a ninguno de los dos. No obstante, teniendo en cuenta que Fuengirola tenía en aquel momento cero euros de deuda viva (cuarto trimestre de 2022) mientras que Benalmádena tenía una deuda viva de 2,5 millones, considera que «la progresiva asunción por Benalmádena de la gestión recaudatoria en la zona sería de mayor utilidad a este último municipio para ir liquidando la deuda que mantiene viva». Sin embargo, dejar de ingresar los tributos de los 50 núcleos censales no supondría problemas para las arcas municipales de Fuengirola.

Con toda esta documentación e informes, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública redactó un Proyecto de Decreto para resolver la iniciativa, que debatió la Comisión General de viceconsejeros y viceconsejeras de la Junta de Andalucía el pasado 19 de diciembre y que decidió pedir un dictamen al Consejo Consultivo, emitido el 21 de febrero de 2025 en contra de la petición de Fuengirola.

Ante el decreto que desestima esta solicitud cabe, no obstante, interponer un recurso contencioso-administrativo por vía judicial, un paso que está estudiando el Ayuntamiento de Fuengirola, que no descarta emprender esta vía, según confirmaron fuentes municipales.