La jueza del 'caso Parque Animal' detecta nuevos posibles delitos de estafa y blanqueo de capitales

Alberto Gómez

Miércoles, 18 de abril 2018, 15:06

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La jueza que lleva la causa económica del 'caso Parque Animal' ha confirmado que existen indicios de presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales que demostrarían que el sacrificio masivo e injustificado de miles de perros y gatos en esta falsa protectora de Torremolinos entre 2008 y 2010 tuvo motivaciones económicas. Según la documentación recabada, la asociación Parque Animal, registrada como organización sin ánimo de lucro, fue utilizada para pagar gastos personales de su presidenta, Carmen Marín, en prisión por maltrato animal y falsedad documental, y de su familia. La causa se amplía a las dos hijas de Marín, su yerno y su ayudante en la falsa protectora. La jueza también ha citado a declarar en calidad de partícipe a título oneroso a un hermano del exalcalde Pedro Fernández Montes fallecido hace años.

El volumen documental del caso, con más de 10.000 folios, está retrasando su instrucción en el Juzgado número 5 de Torremolinos. El abogado de la Asociación de Afectados por Parque Animal, José Luis Mota, recurrió el auto inicial al considerar que había más personas implicadas en la causa. Ahora la jueza estima parcialmente este recurso y llama a declarar como investigado por presunto blanqueo de capitales a Felipe Barco, mano derecha de Marín y condenado a un año de prisión por maltrato animal. Barco comparecerá en mayo acusado de comprar un coche de 14.000 euros con fondos de Parque Animal en 2008.

Una de las hijas de Carmen Marín permanece investigada también por un presunto delito de blanqueo después de que la jueza comprobase que la asociación realizó pagos a unos grandes almacenes por importe de 104.384 euros para reformar y decorar la clínica de medicina estética de la que es propietaria en Los Álamos. La jueza extiende esta causa a su marido, administrador de una sociedad mercantil «que sirvió como vehículo para efectuar el blanqueo», según detalla el nuevo auto. El yerno de Carmen Marín será citado a declarar como investigado en caso de que se confirme que era administrador de la citada mercantil en 2009 y 2010. La otra hija de Marín concurrirá en calidad de responsable civil «en su condición de partícipe a título lucrativo».

En el caso del hermano de Fernández Montes, el juzgado aún no ha sido informado de su fallecimiento y lo cita en el procedimiento por haber recibido de Parque Animal cinco cheques entre 2005 y 2006 por importe total de 43.487 euros. Un informe policial que forma parte de la instrucción revela que «en su momento se le pidió que aclarase documentalmente a qué se debían dichos pagos, sin que contestara a los mencionados requerimientos». Carmen Marín alegó que el hermano del exalcalde era «un contratista que realizó obras en Parque Animal para reformarlo». La presidenta de la asociación, siempre según el auto del juzgado, presentó un recibí de 55.507 por estas obras, sin aportar presupuesto ni documentación que probase la ejecución de los trabajos.

La jueza también estima imputar un presunto delito continuado de estafa a Carmen Marín por ordenar y realizar los sacrificios de los animales pese a que las personas que entregaban a estos perros y gatos «lo hacían intentando protegerlos» y efectuaban pagos, normalmente de unos 60 euros por animal, para ello. Un auto anterior destapó que Marín también utilizó los fondos de la protectora, que recibió decenas de miles de euros del Ayuntamiento de Torremolinos en concepto de subvenciones e incineración de animales, para adaptar el ascensor de uno de los edificios de los que es propietaria.

Con cargo a la protectora, Marín realizó compras en un conocido supermercado, un servicio de alquiler de coches y una gran superficie para mayoristas. La cuenta de Parque Animal también sirvió para que Marín y su familia pagaran veinte clases prácticas en una autoescuela, cuotas mensuales en un gimnasio y un sistema de seguridad para un domicilio particular. La jueza considera igualmente probado que Marín pagó estancias en hoteles de lujo de Marbella, Lisboa, Salamanca, Nerja, Bilbao, Jerez de la Frontera, Marrakech, Boston y San Petesburgo. Todos estos gastos, que ascienden a miles de euros, fueron cargados a las cuentas corrientes de la falsa protectora de animales de Torremolinos. Además, el auto sostiene que Marín realizó pagos en restaurantes por importes superiores a los 11.000 euros entre 2008 y 2010.

El juzgado ya adjudicó a Marín un posible delito de estafa por el arrendamiento de la caseta del recinto ferial de Torremolinos que el Ayuntamiento cedió a la protectora mediante un contrato de concesión de cincuenta años que finaliza en 2047. El auto recuerda que existen pagos acreditados en concepto de alquiler de esta caseta, cuyo arrendamiento a terceros está prohibido y donde ha trabajado Felipe Barco. En concreto, figuran 59 pagos en efectivo por el alquiler de este terreno público, cedido a Parque Animal por ser una entidad teóricamente sin ánimo de lucro.

El caso tiene dos ramificaciones; la causa por maltrato animal y falsedad documental, ya juzgada con condenas de prisión a Marín y Barco dictadas por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga y corroboradas íntegramente por la Audiencia Provincial, y la causa económica, que continúa en proceso de instrucción. Tras este último auto, la acusación y la Fiscalía solicitarán la apertura de juicio oral contra los investigados. Marín entró en prisión en noviembre para cumplir una pena de tres años y nueve meses. La mayor parte de esta condena, dos años y nueve meses, corresponde al delito de falsedad documental al manipular los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios. El juez ya ha solicitado el ingreso inmediato en la cárcel de Felipe Barco, condenado a un año por maltrato animal.

Durante el juicio, los agentes de la Guardia Civil responsables de la investigación relataron que la asociación presidida por Carmen Marín recibió la concesión para la recogida y traslado de animales mediante un decreto de Alcaldía «pese a que no cumplía con el pliego de condiciones» y denunciaron que el Ayuntamiento «no colaboró con nosotros de manera alguna» en la investigación. Los testimonios del Seprona también coincidieron en señalar que los funcionarios «siempre mostraron una actitud de colaboración e incluso querían declarar», pero el entonces concejal de Medio Ambiente, Plácido González (PP), «se lo prohibió». El fiscal concluyó que Parque Animal había recibido «un trato de favor» por parte del Ayuntamiento.