Juan, autismo severo y alta agresividad: cinco años con una plaza asignada en una residencia, que no llega

Juan tiene 22 años, tiene autismo y síndrome x frágil, con una discapacidad del 97 por ciento. Todo ello hace que tenga un grado tres de dependencia reconocida por la Junta de Andalucía. La más alta que existe. Juan mide ya 1,80 metros de altura y pesa 130 kilos y de unos años a esta parte su agresividad ha ido en aumento. Se agrede él mismo y agrede a otros, entre ellos a sus propios padres o a cualquiera que se cruce por delante cuando le da una crisis. Hace solo unos días agredió a una cajera de un centro comercial de Fuengirola, a la que propinó un bocado. Esa persona ahora estudia emprender acciones legales contra la familia.

Conscientes de que cada vez era más difícil para ellos poder atender correctamente las necesidades que presenta su hijo, hace cinco años que los padres de Juan solicitaron plaza en una residencia especializada. Una solicitud que fue aceptada, pero poco más. Desde entonces están esperando, sin que hasta la fecha la Junta de Andalucía, que es la administración de la que depende el programa de dependencia, les haya dado respuesta alguna sobre el avance de la lista de espera para poder acceder a esa plaza. Tampoco nadie se ha interesado en este tiempo por la evolución que ha experimentado Juan.

«Estamos en una situación de desamparo total, desesperados. No podemos convivir con él, nos muerde, nos pega, nos araña, rompe las cosas... Nos hemos tenido que divorciar para estar una semana cada uno cuidando de él y otra simplemente sobrevivir. Cada semana, cuando se va, me despido de él pensando que se va a morir, que no lo voy a ver más. Aquí va a pasar algo, alguien va a morir si la administración sigue sin hacer nada». Esas palabras son de Arantxa Fernández, la madre de Juan y están grabadas en un vídeo que ella misma ha distribuido por sus redes sociales, en una decisión desesperada, pensando que si hace pública su situación, que es la misma que atraviesan otras muchas familias, según explica, el Gobierno andaluz tomará de una vez cartas en el asunto.

Juan tiene una pensión de 600 euros por su discapacidad y una ayuda de 400 por dependencia. Actualmente sus padres pagan una plaza en un centro de día en Autismo Sur, en Málaga, que les cuesta algo más de 1.000 euros por un servicio que comienza en torno a las 8.30 de la mañana y termina a las 15.30 horas. La familia vive en Fuengirola y lo lleva y lo trae cada día a Málaga para que esas horas esté atendido.

La totalidad de las ayudas con las que cuentan se van en ese recurso y a eso hay que añadir otros gastos extraordinarios como una tarifa plana de 600 euros al mes para el arreglo de los móviles que rompe. «Tiene que tener siempre dos móviles en la mano y si no los tiene se da cabezazos contra la pared, yo no puedo con él ya, lo tengo que dejar, pero cuando le da una crisis los rompe y los destroza», explica su madre, quien detalla que cuando a Juan le dan crisis, algo que ocurre cada vez con más frecuencia, tampoco tienen capacidad de manejarlas. «Lo único que intentamos es que no se haga daño, alguna vez hemos llamado al 112 pero es peor, lo tienen que atar y él se vuelve loco, tenemos que pedir el alta voluntaria».

Para la familia, la única solución pasa por la adjudicación de una plaza en una residencia de gravemente afectados con autismo, un centro especializado donde los profesionales puedan atender correctamente a Juan. «¿Qué país queremos ser si no se le puede dar una buena atención a personas como mi hijo?», se pregunta el padre Roberto Puig, quien lamenta que esta situación se esté dando solo en Andalucía, ya que, según asegura, en otras comunidades del país hay más opciones para las familias que atraviesan situaciones como las de ellos. «Ni siquiera nos atienden, vamos a Málaga a preguntar por la lista de espera y nos dicen que como nosotros hay muchos y que no hay nada que hacer», denuncia.

La familia ha llegado a tal nivel de desesperación que se ha planteado incluso pagar una plaza privada en una residencia especializada, lo que conllevaría un coste de unos 4.000 euros al mes. «Nos planteamos rehipotecar la casa, pero lo primero que nos dijeron en la Consejería es que entonces perderíamos la ayuda de 400 euros de la dependencia. Es desesperante», se lamentan los padres.

Arantxa y Roberto reclaman por tanto a la Junta que aumente el número de plazas concertadas. «Sabemos a ciencia cierta que en el centro donde va nuestro hijo por la mañana tienen capacidad para ofertar más plazas, pero no pueden hacerlo porque la Junta de Andalucía no acude a supervisarlas y darles el visto bueno», denuncian. «Siempre he querido tener a mi hijo conmigo, nunca he querido una residencia, pero ahora veo que su vida está en juego y no tenemos otra opción», asegura la madre.

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