El Gobierno declara zona catastrófica las áreas afectadas por los dos incendios de Mijas del pasado julio

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rodríguez ha lamentado los 120 incendios forestales producidos en los últimos meses que han provocado la muerte de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 personas de sus hogares.

«Son incendios con características diferentes a las conocidas hasta ahora, debido al cambio climático, como las altas temperaturas que estamos viviendo», ha señalado al respecto Rodríguez, quien ha advertido de que en lo que va de año se han visto afectadas más de 200.000 hectáreas frente a las 50.000 del año pasado.

De este modo, ha instado a «poner todos los mecanismos para trabajar en la prevención y extinción de incendios». «Es momento de echar una mano a las CCAA, colaborar en esa que es su competencia y complementar esas ayudas para que los afectados puedan superar estos momentos», ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Mijas, Josele González, se ha mostrado este martes «satisfecho» con la aprobación del municipio como zona catastrófica. «Desde el Ayuntamiento de Mijas acogemos con satisfacción este tipo de iniciativas y la sensibilidad que está teniendo el Gobierno de España con las zonas afectadas», ha indicado el regidor, donde pide la colaboración de «todas las administraciones para que se ponga en marcha a la mayor brevedad» un plan de reforestación y conservación de la Sierra Mijas-Alpujata, que se vio afectada por las llamas.

El primero de ellos estuvo activo durante 20 días y arrasó 1.875 hectáreas de los términos municipales de Mijas, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. Debido a la gravedad del fuego se tuvo que activar el nivel 1 del Plan de Emergencias ante incendios forestales y más de 3.000 personas fueron desalojadas.

El segundo fue sofocado en apenas tres días, el 28 de julio, pero afectó a 116 hectáreas. De igual modo se activó el nivel 1 por la proximidad de las llamas a varias urbanizaciones, que también tuvieron que ser desalojadas.

Ante esto, el alcalde de Mijas ha trasladado la disposición del Ayuntamiento a colaborar con el resto de administraciones para poner en marcha un Plan de reforestación y conservación de la Sierra Mijas-Alpujata, así como la declaración de esta como Parque Natural «de modo que se amplíen los recursos destinados a la prevención y puesta en valor de la riqueza natural de la Sierra mijeña durante todo el año».

Ayudas directas

Las medidas de recuperación previstas en el acuerdo aprobado este martes, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por valor de 18.000 euros; las ayudas por destrucción total de la vivienda habitual hasta una cuantía máxima de 15.120 euros, y las ayudas por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros.

Una lista que siguen las ayudas por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros; las ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros, y las ayudas por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros.

Por último, se incluyen las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes el importe total de los gastos y las ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.

El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas.

De esta forma, los distintos departamentos ministeriales podrán declarar determinadas zonas de actuación especial, así como la emergencia de las obras necesarias para reparar los daños causados por cualquiera de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.

Asimismo, el real decreto prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

En cuanto a beneficios fiscales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Por su parte, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

Además, las entidades locales recibirán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por estos incendios forestales y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con la adopción de otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.