Los hoteles Los Pintores de Benalmádena serán derribados tras dieciséis años de abandono

Han sido muchos los años en los que el complejo hotelero ha estado en manos privadas inmersas en un concurso de acreedores. Recientemente ese concurso se ha resuelto y los tres edificios han pasado a ser propiedad de la inmobiliaria Aliseda, como dación en pago por la deuda que las anteriores sociedades propietarias mantenían con la actual. «Se ha cambiado deuda por activos», apuntan fuentes de la firma Aliseda, quienes añaden que al asumir la propiedad se encontraron con que estaba «vandalizada» y se han encargado de establecer medidas de seguridad en la misma para evitar mayores destrozos.

Todo ello mientras mantienen conversaciones con el Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a la demolición de los tres edificios, «desactualizados y en muy malas condiciones», continúan las mismas fuentes.

El objetivo con el que trabaja Aliseda es «vender el suelo a promotores» interesados en la construcción «residencial o turística». Un proceso que «ya está en marcha», en paralelo al procedimiento de demolición. «Nosotros no somos promotores», recuerdan desde la empresa, que está compuesta por la sociedad entre el fondo de inversión Blackstone (51% del capital) y Banco Santander (49%) y que se encarga de la gestión inmobiliaria de los activos procedentes del Banco Popular.

«Nosotros somos parte de la solución, no somos el problema», recalcan desde la firma inmobiliaria.

Uno de los momentos más complicados de cuantos ha vivido el complejo hotelero Los Tres Pintores desde que fue abandonado, hace ahora 16 años, ocurrió en enero de 2022, cuando atendiendo a una orden judicial, interpuesta años antes por el propio Ayuntamiento de Benalmádena, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedieron al desalojo de una treintena de personas que residían en estos edificios, en evidentes condiciones de insalubridad.

Antes de llegar a ese punto, el Ayuntamiento había instado en repetidas ocasiones a la entidad propietaria del complejo hotelero a realizar una actuación integral de limpieza y desratización, así como el cerramiento de las instalaciones, sin conseguir respuesta alguna. De ahí que se iniciara el proceso judicial. El anterior Gobierno municipal llegó incluso a cifrar en 60.000 euros el desembolso realizado por la Administración pública en tareas de limpieza y para llevar a cabo el cerramiento de los accesos.