El Gobierno admite la saturación de tráfico en la Costa y encarga a Carreteras que busque soluciones

El Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, ha encargado a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental que estudie posibles alternativas para mejorar el tráfico. La zona que se ha acotado para la investigación va desde Torremolinos hasta Torreguadiaro (100 km), y se da un plazo de 12 meses para tener un informe con propuestas, según consta en la orden, a la que ha tenido acceso SUR.

En concreto, la resolución de la Dirección General de Carreteras ha aprobado la orden bajo el título «Estudio previo de alternativas de mejora de la red de carreteras del Estado entre Torremolinos y Torreguadiaro», en las provincias de Málaga y Cádiz. El documento recuerda que, con excepción de los tramos en los que se comparte trazado con la AP-7 (variante de Torremolinos-Fuengirola, Marbella y Estepona) y sus conexiones, gran parte del trazado de la carretera A-7 entre ambos municipios procede del desdoblamiento de la antigua carretera N-340.

«Este hecho ha motivado que esta carretera tenga unas pobres características, lo que se agrava por la existencia de numerosos accesos como consecuencia de la fortísima presión urbanística de la Costa del Sol», cita, y añade: «Entre Estepona y Torreguadiaro, la A-7 ni siquiera reúne las condiciones para ser considerada una autovía, pues los nudos se resuelven con glorietas a nivel, tratándose de una carretera multicarril».

«Asimismo, la A-7 soporta una elevada intensidad de tráfico, en particular en el tramo entre Fuengirola y San Pedro Alcántara, tramo en el que se superan los 65.000 vehículos de media diaria, llegando a alcanzar los 93.945 vehículos/día en la estación de aforo cercana a San Pedro. Ello implica un nivel de servicio deficiente numerosas horas al año debido a que la A-7 está dotada de tan solo dos carriles por sentido de circulación y a las estrictas características de su tronco y enlaces».

Este elevado tráfico deriva de que la población de la Costa del Sol Occidental, cercana a los 600.000 habitantes (a la que debe sumarse una no desdeñable población no censada y la turística), «depende en su movilidad cotidiana de la A-7, no existiendo otros viales con la excepción de la autopista AP-7, que puedan canalizar la movilidad entre núcleos de población situados a lo largo de la costa; teniendo en cuenta además que la capacidad de captación de la AP-7 está limitada por ser una vía de peaje (por lo que resulta poco atractiva para la movilidad diaria de los residentes en la Costa del Sol) y porque, fuera de los tramos donde comparten trazado, las conexiones con la A-7 son escasas y obligan efectuar recorridos largos por viales de pobres características», continúa la introducción de la orden.

Por otra parte, el documento de Carreteras advierte: «Resulta complejo actuar para resolver o mejorar la problemática descrita en la A-7. La presión urbanística en las márgenes implica que actuaciones de ampliación de capacidad y/o creación de vías de servicio o colectoras para reordenar accesos puedan, en muchos tramos, resultar inviables por el coste económico y social de las expropiaciones que serían necesarias».

Por su parte, la autopista AP-7, que tendría margen suficiente para absorber gran parte del tráfico de largo y medio recorrido en condiciones de circulación óptimas, es una infraestructura explotada en régimen de concesión con peaje directo al usuario. La fecha de reversión vigente es 2046 para el tramo Málaga-Estepona, y 2054 para el tramo Estepona-Guadiaro.

Por todo ello, se propone la redacción de un estudio previo con el fin de examinar el ámbito de manera global, teniendo en cuenta todas las posibilidades de actuación, con estudio de soluciones como la ampliación de capacidad o mejora de la autovía A-7, incluyendo la reordenación de accesos mediante la ejecución de vías colectoras, laterales o vías de servicio, la remodelación de enlaces, etc. «El objetivo fundamental debe ser mejorar la seguridad vial del ámbito, y en la medida de los posible, reducir la congestión».

Otras propuestas que se van a contemplar son: la ejecución de variantes en zonas de alta densidad de población; construir nuevas conexiones entre la A-7 y la AP-7, o mejorar las existentes, y medidas para potenciar el uso de la AP-7. En este punto, cabe recordar el compromiso reciente del Ministerio para estudiar bonificaciones para que trabajadores y estudiantes puedan usar la autopista con menos gasto.

Por todo ello, a lo largo de los próximos 12 meses el estudio deberá: recopilar los datos básicos necesarios para diagnosticar el estado actual del corredor A-7/AP-7 (geometría, tráfico, incumplimientos de la norma, accidentalidad, etc). Caracterizar, desde el punto de vista físico, urbanístico y ambiental el territorio donde se planteen las alternativas de actuación, de manera que pueda determinarse la capacidad de acogida de una nueva infraestructura o de la ampliación de la existente.

Conocer las iniciativas y planes de otras administraciones con competencias en el ámbito del estudio, con el objeto de poder actuar coordinadamente y establecer sinergias. Diseñar las posibles alternativas de actuación. Cuantificar los costes de construcción, incluyendo expropiaciones, y posterior conservación y explotación de cada alternativa. Realizar un estudio de tráfico de la situación actual y de las posibles alternativas de actuación, para evaluar su potencial de mejora en el nivel de servicio de la A-7. Para ello, se deberá realizar un modelo de macrosimulación con la extensión y zonificación necesaria, con datos 'big-data' de movilidad procedente de la actividad de telefonía móvil.

«En último término -concluye la resolución de la Dirección General de Carreteras- el estudio previo debe determinar cuál es la mejor alternativa de actuación entre las posibles, asegurando que es rentable socioeconómicamente y que tiene viabilidad técnica y ambiental, con objeto de que en una siguiente fase se pueda proseguir con el desarrollo de los estudios de carreteras que sean necesarios».