Fuengirola pagará su Palacio de Justicia y la Junta le devolverá la inversión con intereses durante 30 años

La fórmula acordada para levantar este nuevo Palacio de Justicia, que contará con más de 8.000 metros cuadrados (el doble de los metros actuales) es que será el Ayuntamiento el que financie la redacción del proyecto técnico así como la construcción del mismo, mientras que la Junta de Andalucía dará el uso comprometido y abonará a lo largo de 30 años la inversión realizada por el Consistorio más los intereses, que se han fijado en 1,5 euros por cada euro empleado.

El futuro edificio albergará todos los servicios que están hoy repartidos en las cuatro sedes: Decanato, cinco Juzgados de Primera Instancia, cuatro de Instrucción, uno de Violencia de Género, Sección territorial de la Fiscalía Provincial así como Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

De hecho, mientras se desarrolla el proyecto, el consejero ha anunciado que será necesario intervenir en el actual Palacio de Justicia «para solventar problemas de accesibilidad, climatización y eficiencia energética». Para ello, la Junta invertirá más de 1,4 millones de euros, la mayoría con cargo a los fondos europeos PIREP.

Hay que recordar que Fuengirola es partido judicial y presta servicio al municipio y a la vecina localidad de Mijas, es decir, a más de 178.000 personas de derecho, aunque se estima que la cifra «es mucho mayor».

En el protocolo firmado este viernes, el Ayuntamiento de Fuengirola se compromete a plantear varias alternativas para ceder a la administración autonómica una parcela municipal donde prestar este servicio. De esta forma será el Gobierno andaluz el que estudiará y escogerá uno de esos terrenos.

Durante el acto, el consejero reconoció que la provincia de Málaga es una de las que presenta mayores déficit en cuanto a sedes judiciales, con «problemas serios» en partidos judiciales como Marbella, Torremolinos o Estepona, por lo que tendrá especial atención en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que está diseñando la Consejería además de Marbella, Torrox, Archidona o la ampliación de la Ciudad de la Justicia de la capital.

Ante esto, defendió la necesidad de buscar vías alternativas de financiación, ya que «los recursos son finitos», y una de ellas es la colaboración pública-pública con «ayuntamientos solventes, de todo signo político, que gracias a una buena gestión económica cuentan con recursos para adelantar la financiación» que van a recuperar, pues la Junta abonará un alquiler durante al menos 30 años.

Además, los edificios construidos son de titularidad municipal por lo que «incrementan su patrimonio» y transcurrido el plazo del contrato de alquiler con la Junta para su uso judicial pueden decidir el futuro de estos, continuar como sede judicial renovando el contrato, o recuperarlo.

Así, ya se han suscrito acuerdos similares con ayuntamientos como el de Jerez (Cádiz), Carmona (Sevilla) o, dentro de la provincia de Málaga, con la alcaldesa de Marbella. También con otras instituciones como la Diputación de Málaga para la construcción de la sede de Torremolinos.

Por su parte, la alcaldesa recordó que «llevamos 30 años demandando esa mejora de la sede judicial y desde el Gobierno de la Junta ni siquiera nos atendían, no le daban importancia a los problemas, ya no del Ayuntamiento sino de los trabajadores y ciudadanos».