Fuengirola, obligada a asumir una deuda de 600.000 euros de la empresa gestora de la grúa

Eso es exactamente lo que está pasando en Fuengirola, donde la compañía que tiene la concesión de la grúa municipal (Grufu S. L.) debe unos 600.000 euros a la Seguridad Social, una cifra compuesta por impagos e intereses que ha tenido que abonar el Ayuntamiento de Fuengirola, o lo que es lo mismo, todos los fuengiroleños.

Tal como SUR ha podido saber, este Servicio de Grúa, Depósito e Inmovilización de Vehículos de Fuengirola está concedido a la citada sociedad desde marzo de 2006, por un plazo de 20 años y la posibilidad de prorrogarlos otros cinco más. Desde el Ayuntamiento reconocen que la Seguridad Social informó en 2017 de que dicha concesionaria mantenía una deuda de más de 500.000 euros con la Administración nacional, declarándola responsable solidaria de la misma.

Fuentes municipales recalcan que entonces la empresa consiguió abonar parte de dicha cuantía y aplazar el resto, por lo que la Seguridad Social desistió del proceso de embargo que había iniciado.

El año pasado «y tras varios impagos por parte de la sociedad adjudicataria del servicio», matizan estas fuentes, la Seguridad Social volvió a notificar al Consistorio la deuda y a declarar la responsabilidad social de la entidad municipal. De esta forma, en septiembre del pasado año, la Tesorería de este órgano nacional ejecutó el embargo por la cantidad que Grufu S. L. le adeudaba.

Preguntados por la situación actual entre el Ayuntamiento y la empresa, desde el Consistorio afirman de manera oficial que el pasado 13 de enero se inició el proceso de rescate de la concesión, así como la reclamación a la empresa de la cuantía abonada a la Seguridad Social.

Pero lejos de ser el único problema que tenía la compañía, este periódico ha podido confirmar que en 2017 Grufu debía cerca de 100.000 euros al Ayuntamiento en concepto de tributos varios como el IBI, la tasa medioambiental de residuos y el impuesto de entrada de vehículos (vado) de los años 2014, 2015, 2016 y 2017; así como el propio canon de la concesión administrativa de los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y parte de 2017.

Es decir, que mientras la empresa retiraba los vehículos de los vecinos y les cobraba el servicio, ellos ni siquiera abonaban el vado permanente del depósito municipal.

Ante esta situación, el Ayuntamiento acordó un plan de pagos fraccionado de estas obligaciones contractuales, eso sí, estando el resto de cuotas al día, incluida 2021. A pesar de lo anterior, el Consistorio no inició ningún expediente sancionador.

«El Ayuntamiento de Fuengirola está actuando, en éste como en el resto de asuntos relacionados con el funcionamiento de la ciudad, con responsabilidad, conforme a la legalidad y en defensa de los intereses de los fuengiroleños», alegan desde el equipo de gobierno, que insiste en que se trata de un problema «entre terceros» que ha afectado al Ayuntamiento de Fuengirola y, por ello, la Asesoría Jurídica Municipal «no cesa ni cesará de trabajar en este asunto» hasta conseguir la anulación de la actual concesión y lograr, «por la vía judicial si es necesario», el reintegro de la cantidad de dinero referida, apuntan, aunque al menos de momento Grufu sigue gestionando este servicio, en principio hasta 2026.