Fiscalía y Ayuntamiento se descuelgan del caso sobresueldos de Mijas diez años después

Se da la paradoja de que quien puso esa primera denuncia acabó abandonando el proceso judicial, pero el Ayuntamiento decidió personarse en la causa como acusación particular. Fue Juan Carlos Maldonado quien tomó esa decisión, siendo alcalde por Ciudadanos. Ahora, años más tarde, el pasado mes de junio votó en junta de Gobierno a favor de abandonar el proceso judicial. Ahora es concejal de 'Por mi pueblo' y forma parte de un gobierno en coalición con PP y Vox.

Maldonado no quiso pronunciarse al respecto de esta decisión. Sí lo hizo en representación del equipo de Gobierno el concejal de Hacienda, Mario Bravo (PP), quien señaló directamente al informe del fiscal como causa principal de que el Ayuntamiento haya decidido dar carpetazo al proceso. En concreto, ese informe, al que ha tenido acceso Diario Sur, habla del «sobreseimiento provisional» de la causa, al entender que «no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos que hayan dado motivo a la formación de la causa».

«En base a esa decisión, desde el Ayuntamiento encargamos un informe a un abogado externo para ver la manera de proceder y ese letrado nos que nos dice que no hay evidencia de delito y que quizá la insistencia del Ayuntamiento, si decidiéramos seguir con el proceso como acusación particular nos puede costar dinero», afirmó Bravo, quien aseguró que el Ayuntamiento ya ha sido condenado a pagar costas en un proceso vinculado a este caso y por una denuncia presentada por una de las trabajadoras afectadas. En concreto, según apuntó, el Consistorio ha tenido que abonar 12.481 euros a esa trabajadora.

No lo ven igual desde el PSOE, a pesar de que el ex alcalde socialista, Antonio Sánchez, estaba siendo también investigado. «El Ayuntamiento tendría que haber agotado la vía judicial y no salirse del camino, independientemente de la postura de la Fiscalía», apuntó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Mijas, Roy Pérez, quien consideró «extraño» que se produzca esta decisión justo ahora, «unos meses después de la moción de censura que arrebató la alcaldía al PSOE y se la dio al PP». Según Pérez, «se podría sospechar que este es el pago del señor Maldonado, que fue quien personó al Ayuntamiento en la causa y que es quien ahora sostiene al actual Gobierno local».

Hay que recordar que el caso sobresueldos era como se conocía a la investigación abierta en torno a las gratificaciones recibidas durante años por varios empleados municipales. Estas retribuciones, realizadas hasta 2014 se incluían en los presupuestos del Patronato de Deportes bajo el concepto «servicios especiales», y ascendían a más de 100.000 euros anuales. El Patronato de Deportes, una empresa de capital cien por cien municipal y que fue disuelta en 2014, supuestamente habría destinado más de tres millones de euros al pago de estas gratificaciones desde 1986 hasta su disolución.

«Lo que se hizo fue que en vez de contratar a personal ajeno al Ayuntamiento, cuando se creo el Patronato de Deportes, se decidió dar un complemento salarial a las personas que iban a llevar la contabilidad y gestión de esos patronatos. La normativa permite que un funcionario acumule funciones, hasta un máximo de un 30 por ciento y en estos casos no se superó ese 30 por ciento», detalló Mario Bravo.

«Toda esta decisión de no personarse en la causa se ha hecho con mucho oscurantismo y silencio. En el PSOE estamos convencidos que dentro de la compra de voluntades del señor Maldonado estaba avenirse a este blanqueamiento al PP de Mijas», insistió por su parte Roy Pérez.