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Las empresas de jardinería y piscinas afectadas por el actual decreto de sequía han reclamado a la Junta de Andalucía que en el nuevo decreto les permita un «riego de supervivencia» con agua potable, dos veces a la semana, con un máximo de 400 litros ... por metro cuadrado en total para el periodo estival, que ellos señalan entre mayo y octubre, y siempre que sea previa solicitud de autorización por parte del profesional de jardinería.
Desde la plataforma creada por las empresas afectadas por las actuales prohibiciones de riego y llenado y rellenado de piscinas privadas, creen que esta medida salvaría las zonas verdes de los municipios en la temporada de más calor y ayudaría a sus negocios que, según afirman, se están viendo abocados al despido de numerosos trabajadores debido al descenso de clientes.
De igual forma reclaman que el nuevo decreto contemple la apertura de piscinas privadas y comunitarias que ya estén llenas y «que solo necesitan una mínima cantidad de rellenado para su mantenimiento». Y junto a esto apuntan a la necesidad de que se agilicen «los trámites administrativos para el sondeo y legalización de pozos», se reactiven los pozos en desuso y se «utilice el agua de nivel freático que emana de comunidades privadas, que acaba desaprovechada en el desagüe». La plataforma considera además que es necesaria una mayor «automatización y telegestión de sistemas de riego» y «aumentar la inversión en infraestructuras de recursos hídricos».
Todos estos puntos los han recogido en un documento que ha sido enviado a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, después de una reunión mantenida con ella hace unos días y con el objetivo de que sean trasladadas al Ejecutivo andaluz.
Hay que recordar que a comienzos de este mes de abril, el Comité de Sequía aumentó en un 25% el límite de consumo por habitante, que pasa de 160 litros por habitante al día hasta los 200, pero evitó pronunciarse sobre otras cuestiones como el llenado y rellenado de las piscinas o el riego de zonas verdes, dejando esas posibilidades en manos de los ayuntamientos, siempre que se cumpla el límite de consumo marcado.
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