Desprendimientos en El Bajondillo de Torremolinos ponen en riesgo a decenas de vecinos

«Desde el derrumbe duermo en el sofá, porque tengo la cama pegada al patio. Estaba a punto de salir a tender la ropa cuando empezaron a caer las rocas. Me dio un ataque de ansiedad», narra una de las vecinas de la planta baja, atemorizada ante la posibilidad de que el próximo desprendimiento sea mayor y derribe las paredes de los apartamentos. Algunos pisos ocupan dos plantas, aunque la mayoría ha decidido prescindir del patio, la zona más afectada. Una familia con dos menores coincide en la sensación de «angustia» que supone dormir «escuchando cómo cae la arena», que impide abrir las ventanas que dan al talud: «Como las abramos, la casa se llena enseguida de polvo, pero lo que nos da más miedo es que ocurra algo grave».

La comunidad de propietarios denunció al Ayuntamiento de Torremolinos para que ejecutara las obras de contención «por el peligro por desprendimientos». Los vecinos acusan al Consistorio y a la Consejería de Cultura de actuar de forma negligente al entender que los trabajos de refuerzo del talud «eran preceptivos antes de otorgar la licencia de ocupación» e incumplir «las obligaciones que la ley impone a ambas administraciones ante la existencia de un yacimiento arqueológico de posible interés cultural». La comunidad también asegura que el Consistorio nunca materializó los compromisos adquiridos desde 1997 hasta 2010 pese a los informes de peligrosidad presentados ante el Gobierno local, que nunca llevó a cabo sus propias órdenes de ejecución subsidiaria de las obras de contención, acordada hasta en seis decretos.

En medio de la maraña judicial, los trabajos de estabilización del talud fueron financiados por los vecinos, que pagaron más de 200.000 euros. El ingeniero encargado de la obra advertía en un escrito de la necesidad de revisar el yacimiento de forma exhaustiva al menos cada dos años «para analizar el estado de las cabezas de los anclajes, observar si hay alguna acumulación de material entre cables y por si hay alguna planta que pueda ser perjudicial para el plan de mantenimiento». En una resolución de mayo de este año, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Málaga desestima el recurso interpuesto por la comunidad, que perdió la demanda contra el Ayuntamiento. La sentencia confirma que «resulta acreditado que el talud está en condiciones de causar daños a personas y bienes», pero revela que su propiedad pertenece a la comunidad, a la que encarga su protección.

La comunidad alega que las pruebas aportadas sobre la titularidad del talud han sido valoradas «erróneamente». La concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde, Maribel Tocón (PSOE), sostiene que, pese a la resolución judicial, los técnicos municipales «están inspeccionando la zona» por si hubiera que tomar «medidas definitivas», aunque reconoce que el asunto «es técnicamente muy complejo». Algunos vecinos han elevado el caso al Defensor del Pueblo, que aún no ha contestado a sus requerimientos.

El problema viene de lejos. Hace ocho años, algunas viviendas tuvieron que ser precintadas como medida preventiva. Aunque hasta ahora los desprendimientos no han causado daños personales, sí en cambio materiales, los vecinos viven «con el miedo en el cuerpo» frente a la posibilidad de que el talud acabe cediendo: «Entonces todo el mundo se echará las manos a la cabeza».