Inquilinos desalojados de sus pisos en el centro de Fuengirola: «Quieren hacer negocio con nuestras viviendas»

La vivienda, ubicada en un bloque en la calle Salvador Cortés, pertenecía a una empresa constructora a la que no le fueron bien las cosas. De los 45 pisos que tiene el bloque, solo 4 o 5 se vendieron y el constructor decidió poner el resto en alquiler. Situados en pleno centro de la localidad, a solo unos metros del paseo marítimo, y con un precio módico (Paco pagaba 600 euros por un piso de dos dormitorios y dos baños), se alquilaron todos sin mucha dificultad.

Pero eso no salvó a la empresa, que acabó siendo embargada. El pasado verano el bloque de viviendas dejó de ser propiedad de la constructora y pasó a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb. Hay que recordar que la Sareb se creó en su día para recapitalizar a los bancos más afectados por la crisis financiera de 2008, y que está participada en un 50,14% por el Estado y el resto por entidades privadas.

«Cuando tuvimos conocimiento del cambio, pensamos que era una buena noticia, aunque no tenemos una situación de vulnerabilidad, sí entendimos que como inquilinos nos cuidarían, estábamos bajo el paraguas del Estado», cuenta Paco. Pero finalmente la realidad ha resultado ser muy distinta.

Al poco de que las viviendas pasaran a manos de la Sareb, «me mandaron una carta en la que me informaban de que iban a poner el piso en venta y de que si estaba interesado, podía manifestar mi interés», continúa el inquilino. En concreto, la carta, a la que ha tenido acceso este periódico dice textualmente: «Queremos trasladarle la decisión de Sareb de la puesta en venta de la vivienda y por tanto de la posibilidad de que usted adquiera el inmueble... sin que esta comunicación se pueda considerar en modo alguno la concesión de derecho alguno».

Paco y su mujer decidieron dar un paso adelante y mostraron su interés en comprar. «Pero ni siquiera me han llegado a decir el precio», se lamenta el inquilino. «Me han mandado una carta de desahucio para el 28 de febrero, que es cuando me vence el contrato de alquiler porque han decidido unilateralmente no renovarme».

Al ver que no había manera de comprar, Paco pidió renovar el contrato un año más, pero tampoco le han dado esa posibilidad. Según explica, él no es el único inquilino que se encuentra en esta situación. «A los que tenemos un contrato antiguo nos están echando a la calle porque quieren pasar a la venta, quieren hacer negocio con el edificio», dice abiertamente este vecino, quien es consciente de que «a este edificio se le puede sacar una pasta» por la situación en la que se encuentra y la demanda de vivienda que existe en la zona.

Hay otros inquilinos a los que sí se les ha renovado, son los que firmaron un contrato después de 2019. Esos, según explica este vecino, basándose en el cambio normativo que hubo ese año, tienen derecho a renovar por un mínimo de siete años, así que aún pueden estar en sus pisos varios años más, «pero los que firmamos el contrato de alquiler antes de esa fecha, no tenemos nada que hacer», continúa el aún vecino del bloque, quien señala el caso de una de sus vecinas «octogenaria e impedida», a la que también le han mandado la carta de desahucio, y como ellos, ha tenido que buscar otra vivienda, a un precio mucho más elevado del que venían pagando.

Por su parte, desde Sareb no han hecho pública versión alguna, a pesar de que este periódico se ha puesto en contacto con ellos, a través de la sección de Inquilinos.