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María Albarral
Estepona
Lunes, 2 de diciembre 2024, 13:49
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha sido esta mañana escenario de la declaración como testigo de la pareja del policía que denunció hace unos meses al alcalde de la ciudad, José María García Urbano, por presunto acoso sexual. Según el abogado de la acusación particular, Antonio Granados, «la testigo ha contado de forma detallada y puntual todo el calvario que ha pasado tanto la víctima como ella en ciertos momentos». Así pues, tal y como confirma dicho letrado, «el juez de oficio ha considerado oportuno llamarla tras escuchar a ambas partes» así como ha valorado que «es una prueba que aporta luz». «Ya obran en manos del juzgado todo tipo de pruebas testimoniales, documentales y gráficas», ha aseverado.
Respecto al estado del denunciante, el abogado ha señalado que «está de baja de su plaza de policía que consiguió por oposición» a lo que ha añadido que «tiene una medicación muy fuerte además con recomendación de su psiquiatra de que no puede volver al municipio de Estepona».
El procedimiento continúa así su cauce tras la jornada de hoy y será el juez quien dictamine si el proceso sigue adelante a través de un procedimiento abreviado por lo penal o si lo archiva. Precisamente, en este sentido, el propio regidor ya anunció durante su comparecencia en el Juzgado que iba a solicitar el sobreseimiento de la causa debido a que se trata «de una denuncia que carece de todo fundamento».
La denuncia
La denuncia se presentó el 22 de octubre y en el texto de la misma, a la que ha tenido acceso este periódico, se apunta que el regidor habría pagado dos mil euros al mes al agente a cambio de mantener relaciones sexuales y bajo la supuesta amenaza de que su «carrera estaría acabada para siempre».
En este sentido, el alcalde de Estepona, decidió poner el asunto en manos de un equipo de abogados para personarse en el procedimiento «a los fines de solicitar que se proceda a escucharle, de manera voluntaria y a la mayor brevedad». Asimismo, escribió en su perfil de Instagram que con su declaración pondrá de manifiesto la «absoluta falta de fundamento de dicha denuncia». El regidor alude a una «inadmisible e injusta campaña» para dañar su «dignidad personal y su trayectoria» como alcalde con una «única y clara finalidad espuria».
Sin embargo, por otra parte, el denunciante a través de su letrado asegura «tener todas las pruebas que demuestran que se dieron los hechos». «Mi defendido solo pide justicia y que nunca nadie vaya a vivir una situación similar», ha concluido.
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