Declara un concejal de Estepona en la investigación sobre la contratación de un cargo de confianza en el Ayuntamiento

A pesar que la causa contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por presunto acoso sexual ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, el pleito por supuesta malversación de fondos públicos continúa su curso en dicha sede judicial. Esta mañana ha declarado ante el magistrado el teniente alcalde y edil del área de Control Externo del Ayuntamiento de la localidad, Blas Ruzafa, en calidad de «testigo». El concejal ha llegado puntual a su cita y no ha querido hacer valoraciones sobre el tema a los medios de comunicación tras más de una hora declarando.

Este proceso se desligó de la causa principal en la que un policía local de la ciudad denunció al regidor por presunto acoso sexual y, tras la declaración de la que fuera pareja del agente, el juez decidió abrir una pieza separada para dilucidar si existe delito en la contratación como cargo de confianza de ella en el Ayuntamiento de Estepona. Así pues, tras las declaraciones del primer edil el 13 de enero de 2025, el enjuiciamiento continúa con la versión del teniente alcalde.

Al tratarse de una presunta malversación, los partidos de la oposición, tanto PSOE como VOX, se han personado en la causa. «La declaración del señor Ruzafa viene a avalar lo que ya había dicho la testigo en sede judicial, que nunca había ido a trabajar», asegura la líder socialista en Estepona Emma Molina.

En la misma línea se ha manifestado el concejal de VOX, Manuel Aguilar, quien destaca que con la declaración de la pareja del policía local ya «se puede ver que esta persona no había ido a trabajar» a lo que añade que «todas las justificaciones han sido muy extrañas».

Archivo de la causa

Por su parte, la defensa del regidor va a solicitar el archivo de estas diligencias al tratarse, tal y como han reiterado, «de otra denuncia sin fundamento». Asimismo, fuentes municipales aseguran que «el Ayuntamiento de Estepona ya entregó al juzgado toda la documentación requerida y que corrobora que no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones llevadas a cabo por el Consistorio desde 2011 y, por tanto, no se ha producido ningún delito de malversación».

Desde el Consistorio sostienen que se trata de «una inadmisible campaña política que PSOE y VOX están realizando con el único objetivo de dañar la imagen personal y la trayectoria política del alcalde» criticando, a su vez, que el abogado del grupo de ultradercha sea el mismo que el del policía local que denunció originariamente a García Urbano.

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