Subidón del coste de tratar la basura en la Costa: los municipios pagarán un 78% más por ley

«En estos momentos el precio por tonelada que se cobra a los ayuntamientos es de 48,04 euros. Aplicando la actualización a la que nos obliga Europa, se pone en 85,93 euros», aseguraron las fuentes, que subrayaron que ya cada municipio aplicará o no este recargo a sus vecinos, dado que la Mancomunidad no presta el servicio de manera directa.

Tendrán que abonar de manera obligatoria esta subida los ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Marbella, Estepona, Casares, Ojén, Istán, Benahavís y Manilva. El volumen global superará los 5 millones de euros, a tenor del volumen global de toneladas de residuos procesadas en el ejercicio 2022.

En este sentido, la inmensa mayoría de los ayuntamientos costasoleños tienen una tasa de basura o equivalente separada. El marco legal les obliga a que, a más tardar en 2025, tener dicha tasa no integrada en otra y repercutiendo todos los costes a sus ciudadanos. Por lo tanto, la decisión de traducir este recargo que los ayuntamientos pagarán a la Mancomunidad puede adoptarse o no el año que viene y puede integrarse en el IBI u otros recibos. Sirva como ejemplo, fuera del ámbito mancomunal, que Málaga capital no tiene tasa de basura separada (se cobra en el IBI) pero sí la tendrá en 2025.

El incremento en la tasa de basuras responde a la exigencia de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 2022, que a su vez incorpora la Directiva Marco de residuos 2008/98/CE del Parlamento Europeo, que recoge que las tasas por este concepto deben cubrir todos los costes de gestión del servicio. Todos los ayuntamientos, independientemente de su color político, deben aplicar esta subida ya que hay que cumplir la Ley de Residuos de Suelos Contaminados que, a su vez, incorpora la Directiva marco de residuos de la Unión Europea.

Una clave importante en la Ley de Residuos hace referencia al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. La finalidad de este impuesto es reducir la generación de residuos y su depósito en vertedero; fomentar la reutilización y el reciclado de los residuos; dar prioridad a la fracción orgánica e impulsar la educación ambiental. En este sentido, Urbaser, que es la concesionaria del Centro Ambiental de Casares, pagará este año un impuesto al Gobierno central por enterrar la basura. Las estimaciones rondan los 6,1 millones de euros para este ejercicio.

«Esta subida de tasas va a servir para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de separar los residuos en origen y se puede plantear esta subida como una oportunidad para mejorar los índices de reciclado. Hay que dejar claro a los ciudadanos que vamos a pagar más, si contaminamos más. Pagamos más por depositar más residuos en vertedero, y a vertedero van aquellos residuos que no son reciclables. Es decir, si separamos, clasificamos correctamente los residuos en sus contenedores adecuados (envases al amarillo, papel-cartón al azul, vidrio al verde, orgánico al marrón) sólo lo que quede en el gris será lo que irá al vertedero», añadieron las fuentes.

Otra de las ideas importantes de este marco legal es la implantación del quinto contenedor, o contenedor marrón con la idea de reducir la cantidad de basura orgánica que llega a los vertederos, además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero implicados en el cambio climático. Crece exponencialmente la implantación del color marrón para los residuos orgánicos generados en el hogar que se destinarán a la elaboración de compost y su posterior utilización como abono o fertilizante e incluso como fuente generadora de energía.

Como contexto de la gestión de los residuos en la Costa, los datos a cierre del ejercicio pasado revelaban que en Casares se procesaron 615.502,28 toneladas. De ellas, prácticamente la mitad correspondieron a la fracción resto: el contenedor gris, las cosas que no se pueden compostar o reciclar, aunque, dada la falta de asimilación colectiva de los usos de los contenedores, aún viene con muchos productos que sí podrían tener una nueva vida. Destacan la presencia de un 25% de áridos (sucios, limpios y mixtos), de un 8% de residuos voluminosos, un 5% de restos de poda, un 4,5% de restos de tierra, de un 2,4% de envases ligeros, un 2,3 de vidrio y un 1,4 de papel y cartón (en este capítulo, la Mancomunidad de Municipios ha llegado a recibir durante cinco años seguidos el reconocimiento de Aspapel por el alto nivel de reciclaje). Por su parte, los residuos alimenticios se quedaron lejos del 1%.

La tasa que va a subirse este viernes está regulada por la 'Ordenanza fiscal del Servicio Supramunicipal de Tratamiento integral y/o Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental'. Se les cobra a los ayuntamientos con carácter mensual.

El Complejo Ambiental Costa del Sol, en Casares, trata los residuos de una población de derecho de 560.000 habitantes que se multiplica con los picos de las temporadas turísticas. Actualmente, está en pleno proceso de mejora de sus instalaciones con una inversión de 45 millones de euros.