Ayuntamiento y Junta se harán cargo del sellado del vertedero ilegal de Torremolinos

Luxemburgo condenó en 2017 a España por no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la gestión de residuos en 61 vertederos. De estos basureros, el de Torremolinos es el único de Andalucía según la resolución. El proyecto de sellado contempla una fase previa de estabilización del terreno, tras lo que se procederá al fortalecimiento de la impermeabilización. Una vez clausurado, vertedero deberá tener un seguimiento durante 30 años. En cuanto a los detalles técnicos, de las que 650.000 metros cúbicos se trasladarán a una nueva ubicación, sin que de momento se haya especificado cuál. Los trabajos también incluyen la colocación de una red de drenaje y el vertido de capas horizontales, además de la instalación de chimeneas para posibilitar la evacuación de gases. Completada esta fase, se iniciará la regeneración de esta zona de la sierra con una capa vegetal. El proyecto planteado por el Consistorio pasa por construir un parque periurbano en el terreno.

El acuerdo del consejo de administración de Litosa, formado por cuatro concejales del PP, tres del PSOE, dos de Ciudadanos, uno de Costa del Sol Sí Puede y otro de IU, supone el reconocimiento de la necesidad de sellar el vertedero, algo que el Ayuntamiento siempre se negó a aceptar pese a las reivindicaciones de la Junta e incluso a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga. El Gobierno autonómico llegó a abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento en 2006 tras constatar que el basurero no contaba con autorización administrativa. El Consistorio hará frente a su parte del pago de modo fraccionado. «No disponemos de medios humanos, técnicos ni económicos para ejecutar el sellado», explica la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón (PSOE). El proyecto incluye tres hectáreas de terreno pertenecientes a una empresa privada, zona que también debe ser sellada. «Habrá que ver si ceden el terreno voluntariamente o hay que proceder a una expropiación forzosa», detalla Tocón.

La resolución de Luxemburgo, que hace referencia a la «fuerte litigiosidad» mantenida por el Ayuntamiento, se produjo dos años después de que la Comisión Europea interpusiera una denuncia por el riesgo para el medio ambiente que suponen estos vertederos ilegales, que incumplen la legislación comunitaria.