El Ayuntamiento de Benalmádena, obligado a readmitir a dos altos directivos despedidos en hace año y medio

En el caso concreto de Eva Fortes, accedió al cargo de gerente de la empresa pública de Benalmádena, en el año 2012, cuando gobernaba el PP en la localidad con Paloma García Gálvez al frente. En 2015 ganó las elecciones el PSOE y entonces tomó el bastón de mando Víctor Navas, quien gobernó durante ocho años. Navas optó por mantener a Fortes al frente de Innoben durante sus dos mandatos.

Tras su despido en 2023, Fortes judicializó el caso defendiendo que se trataba de un despido improcedente, mientras que desde el Ayuntamiento alegaron que el suyo era un cargo de confianza, que como tal, llegaba a su fin con el cambio de Gobierno. De inicio, el Juzgado de lo Social número 6 de Málaga dio la razón al Ayuntamiento en una sentencia fechada en febrero de 2024. Fortes la recurrió y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado esa sentencia y ha aceptado su recurso.

En la sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso Diario Sur, se recoge que el cese de Fortes fue un despido improcedente y se condena al Ayuntamiento a su readmisión «en el mismo puesto de trabajo y condiciones que venía disfrutando antes de su despido».

Por su parte, Manuel Jesús Jiménez fue nombrado gerente del puerto deportivo de Benalmádena en 2015 con la llegada al Gobierno municipal del socialista Víctor Navas y se mantuvo en el puesto durante los ocho años que Navas estuvo gobernando. El recorrido judicial de Manuel Jiménez ha sido muy parecido al de Fortes. Presentó denuncia en el Juzgado alegando que su despido era improcedente. En un inicio el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga dio la razón al Ayuntamiento y avaló el despido, pero el ex gerente recurrió ante el TSJA, que ahora le da la razón y, según recoge la sentencia, considera el despido improcedente y condena al puerto a readmitirlo en su puesto.

La sentencia del TSJA está fechada este pasado 12 de febrero y se da la circunstancia de que ayer miércoles 19 de febrero se convocó una reunión del consejo de administración del puerto para aprobar una modificación de la relación de puestos de trabajo de dicha empresa municipal y para nombrar a un nuevo director de la explotación.

Por su parte, desde el Gobierno local mostraron su «respeto absoluto» a las resoluciones judiciales pero igualmente dejaron claro que no están de acuerdo con ambas sentencias, por lo que anunciaron su intención de agotar la vía judicial en ambos casos y recurrir ambas.

«Entendemos que como gerentes que son, son puestos de confianza, cargos de alta dirección, que no han accedido a la administración pública mediante una oposición que garantice los principios de mérito, capacidad e igualdad. Por ello, mantener por obligación dichos cargos pudiera conculcar los referidos principios. Siempre ha habido un pacto de caballeros para que el equipo de gobierno que sale de las elecciones designe a sus puestos de confianza», afirmaron.