El Ayuntamiento de Benalmádena, condenado a pagar 1,2 millones en facturas de limpieza atrasadas e intereses de demora

Dicho contrato tenía una duración prevista de cuatro años, de manera que en 2009 llegó a su fin. En aquel momento, en lugar de adjudicarse un nuevo contrato, se declaró la emergencia para la continuación del servicio por parte de la misma empresa y en las mismas condiciones del contrato original y hasta la adjudicación de uno nuevo. Es decir, se mantuvo en precario y estuvo así durante una década, a pesar de que en ese tiempo estuvieron al frente del Ayuntamiento hasta cuatro alcaldes distintos, dos de ellos del PSOE y otros dos del PP. Ese limbo en el que quedó el servicio fue el origen de los actuales problemas.

El interventor municipal comenzó a poner reparos a las facturas alegando en la mayoría de los casos, tal y como recoge la sentencia, consultada por Diario SUR, que se trataba de facturas que no tenían contrato, «ya que la contratación de emergencia no otorga cobertura legal para el pago de las mismas».

Lo curioso es que a lo largo de esos años en precario sí se pagaron algunas facturas y otras no. Por ello, ahora la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga traslada en el escrito de sentencia, que el hecho de que el Ayuntamiento de Benalmádena «hubiera venido abonando otras facturas por servicios idénticos» resulta «revelador en relación al encargo de los mismos, su prestación y, por ende, la procedencia de su abono». Ante esto, condena al Consistorio al pago de 724.000 euros en facturas impagadas y de 530.000 euros por los intereses de demora.

Dicha resolución judicial, contra la que cabe recurso, ha provocado diferentes reacciones a nivel político. «La deficiente gestión en el pago de las facturas por parte del gobierno socialista de Víctor Navas coloca al Ayuntamiento en una posición difícil, pues tendrá que hacer frente a una obligación económica muy importante que hasta ahora no había sido prevista ni consignada en el presupuesto municipal», denunció recientemente la actual portavoz del PP de Benalmádena, Presi Aguilera, quien ejerce también en estos momentos como alcaldesa en funciones.

«Una vez más, la institución local es víctima de los socialistas de Benalmádena, que parecen empeñados en manchar la imagen del Ayuntamiento», afirmó Aguilera, en referencia a que la demanda judicial presentada por FCC por el impago de las facturas se remonta al año 2019, cuando el socialista Víctor Navas era el alcalde.

«Esas facturas no se pagaron porque no había conformidad del técnico municipal. Sin conformidad, no se pueden pagar facturas», alegó por su parte el secretario general del PSOE de Benalmádena y ex alcalde del municipio, Víctor Navas, quien apuntó que fue en 2019, durante su mandato, cuando se decidió poner fin al contrato en precario con la municipalización del servicio de limpieza de los edificios públicos. «Si el alcalde Lara pensaba que podía haber arreglado el asunto de otra forma, ha tenido tiempo desde que llegó a la alcaldía», afirmó por último.