El alcalde de Benalmádena tendrá que declarar como investigado por el 'Caso Legionela'

Junto a él y a esa misma hora está también citado para declarar como investigado el empresario Francisco Martín Subires, cuya empresa suministró la maquinaria. Y unos días más tarde, en concreto el 12 de mayo, están citados en las mismas circunstancias la que fuera gerente de la empresa Provise en el momento de la compra y el empresario Juan Ramón Pallarés.

Fue en octubre del año pasado cuando la Fiscalía decidió abrir una investigación a raíz de una denuncia presentada por el PSOE de Benalmádena. En dicha denuncia se relata como en enero de 2024 se tuvo constancia de que unos análisis habían detectado la presencia de legionela en algunos puntos de agua del colegio Mariana Pineda en Benalmádena. La situación se solventó sin ningún afectado pero aquel episodio permitió conocer que el actual Gobierno local había procedido, unos meses antes, a la compra de diecisiete aparatos para el tratamiento y mejora de las aguas, que fueron instalados en los centros educativos del municipio.

Dicha compra se realizó a través de la sociedad municipal Provise y según relata la denuncia, dicha sociedad realizó un informe para justificar la compra exponiendo una serie de motivos, entre ellos que tenían capacidad para «tratar bacterias multirresistentes» como la legionela, aunque de ser así algo habría fallado en el proceso si poco tiempo después de su instalación se detectó la bacteria.

Al margen de eso, donde el PSOE entendió que podía haber indicios de delito fue en el proceso de compra. Las diecisiete máquinas se compraron a través de dos contratos menores, es decir, dos contratos que al no superar la cantidad que estipula la Ley (15.000 euros) no tienen que someterse a un proceso de licitación pública, sino que se adjudican directamente a la empresa que se considere oportuna. Cada uno de esos contratos se adjudicó por un importe de 14.630 euros más IVA. Y cada contrato se firmó con una empresa distinta. Según la denuncia podría existir una relación entre las empresas beneficiadas que «revela un entramado que sugiere que operan como si fueran entidades independientes, cuando en realidad están interconectadas, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de los procedimientos de contratación».

A ello se añade que «estas posibles implicaciones penales son especialmente relevantes si se considera que el administrador de una de las empresas beneficiadas es cónyuge de una concejala del actual equipo de Gobierno», relata la denuncia en relación al empresario Francisco Martín Subires, marido de la actual concejal de Festejos, Yolanda Peña.

Por su parte, desde el Gobierno local responden a la citación del alcalde, asegurando que «la sociedad municipal Provise Benamiel está a disposición de la Fiscalía y del Juzgado para aclarar cuantas cuestiones sean necesarias». Igualmente aseguran que «es totalmente falso» que exista fraccionamiento de contratos, sino todo lo contrario, que «se ha seguido rigurosamente el procedimiento establecido por la Ley».

Aseguran que un año antes el gobierno local del PSOE, con Víctor Navas como alcalde «siguió el mismo procedimiento para adquirir las mismas máquinas, al mismo precio y con las mismas empresas», también a través de la sociedad municipal Provise. «Para la contratación se utilizó a las empresas que constan en la base de datos existente en la sociedad municipal», apuntan.

Dichas fuentes confían «plenamente» en que se pueda aclarar «cuanto antes esta situación y la misma sea archivada a la mayor brevedad posible» y enmarcan la denuncia en «una estrategia inédita de acoso y derribo contra el alcalde» por parte del PSOE en la oposición.

Hay que recordar que el alcalde de Benalmádena se encuentra en estos momentos de baja médica tras una intervención quirúrgica, por lo que según detallan desde el equipo de Gobierno, se ha solicitado aplazar su declaración hasta que reciba el alta médica.