El exconcejal y el exgerente de Puerto Marina declaran mañana por el dragado de la bocana

El exprimer teniente de alcalde de Benalmádena, Francisco Salido, y el exgerente de Puerto Marina, José Manuel López Merino, declararán mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos como investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra pública. Los hechos se remontan a 2011, cuando el Puerto, por entonces bajo la gestión de Unión Centro Benalmádena (UCB), sacó a concurso el dragado de la bocana y del entorno de los diques del puerto. La obra fue adjudicada a una empresa local por un importe de 192.596 euros, según un acuerdo adoptado en septiembre de ese año. Sin embargo, en tres de las facturas emitidas por esa entidad, en conjunto por valor de más de 181.000 euros, se recoge a final de página que la transferencia se realice a favor de otra empresa constituida apenas un mes antes del acuerdo de adjudicación y cuyo administrador único mantenía con Salido «una relación de amistad», según la denuncia interpuesta.

Este administrador presidía un grupo con al menos cuatro sociedades, todas a su nombre, que facturaron más de 1,4 millones de euros al Puerto entre 2011 y 2015, según los resultados de una auditoría interna a la que SUR tuvo acceso. A su vez, dos empleados de este grupo, padre e hijo, aparecen como administradores de dos empresas que recibieron 624.368 euros. En total, las seis sociedades mencionadas facturaron el 46,8 por ciento de los contratos adjudicados por el Puerto Deportivo de Benalmádena en los cuatro años señalados. La mayoría de estas sociedades fueron constituidas entre abril y agosto de 2011, en los meses previos y posteriores a las elecciones municipales que otorgaron a UCB la condición de llave de gobierno en la anterior legislatura.

Retención de crédito

La Audiencia Provincial de Málaga ordenó investigar el caso del dragado de la bocana y del entorno de los diques del puerto en 2015 al tener sospechas de que hubo una empresa ganadora del concurso y otra que funcionó como supuesta adjudicataria encubierta, una teoría avalada por el hecho de que el Ministerio de Fomento llegó a enviar una carta para requerir documentación antes del inicio de las obras. La petición de que los pagos se realizaran a otra empresa podría haberse debido a que la Agencia Tributaria ordenó la retención de créditos de la sociedad ganadora. La denuncia señala que, después de conocer el embargo, los importes de las facturas fueron transferidos a la presunta adjudicataria encubierta y no a la que formaba parte del contrato, que mantenía una deuda con Hacienda.

Otra de las polémicas levantadas en torno a esta adjudicación es la referente a la superficie de arena depositada en la playa de Malapesquera. Las facturas recogen que el extendido fue superior a los 24.000 metros cúbicos, algo que despertó las dudas de los técnicos del Área de Urbanismo. Un informe topográfico comprobó que la superficie en la que se había realizado el dragado era de unos 5.400 metros cúbicos, «una cifra que difiere en forma impactante con aquella para la que se habían presupuestado las obras». Además, el Ayuntamiento encargó un presupuesto en abril de 2012 para preparar esa misma playa de cara a la temporada alta, y la empresa responsable del mismo estimó en 5.500 metros cúbicos la arena allí depositada.

La actual concejala del Puerto, Encarnación Cortés, denunció los hechos y solicitó la imputación del administrador de la supuesta adjudicataria encubierta, así como de Salido y del exgerente del puerto, José Manuel López Merino, por presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude contra Hacienda. La jueza de instrucción decretó el sobreseimiento del caso, pero Cortés recurrió y finalmente la Audiencia Provincial ordenó la investigación de los hechos al entender que no se habían practicado las diligencias oportunas a efectos de determinar la verdadera naturaleza de los hechos denunciados.

Como parte de las diligencias previas abiertas, Salido y López Merino declararán mañana como investigados por este caso, que aumenta la maraña judicial en la que están envueltos los principales cargos de UCB, que en los últimos comicios, a los que volvió a presentarse Salido como cabeza de lista, no obtuvo representación en la corporación municipal.

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