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Iván Gelibter
Jueves, 4 de mayo 2017, 15:29
Los trabajadores del CIOMijas que suman ya 32 nóminas sin cobrar han presentado hoy una querella criminal contra diversos cargos provinciales de la Junta de Andalucía por un presunto delito contra los trabajadores, un extremo que ya habían adelantado hace unas semanas. Independientemente de cómo vaya el proceso individual de cada uno de los empleados, los cinco trabajadores consideran que se están vulnerando algunos de sus derechos, que van más allá de las nóminas impagadas.
Según el abogado Jordi Ventura, encargado de elaborar el documento, estos supuestos delitos contra los trabajadores se refieren a la «falta de salubridad» en sus puestos de trabajo, «ausencia de seguridad en unas instalaciones que tienen más de 30.000 metros cuadrados» y el citado impago de los sueldos. Tal como ya comentara Ventura cuando se dio a conocer la intención de los trabajadores, hay «mala fe» por parte de la Junta de Andalucía, ya que no hay una situación puntual de falta de liquidez, ya que se trata de una administración pública «y no se puede desatender a los trabajadores». Además, el letrado apunta a que en los últimos presupuestos del Gobierno regional se aprobó una partida para pagar unas nóminas. «El presupuesto es ley, y por tanto se tendría que haber cumplido», sostiene.
En cuanto a los destinatarios de la querella criminal que será además presentada en una rueda de prensa, Ventura se ha referido al actual delegado de Empleo, Mariano Ruiz, así como el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García.
Asimismo, la querella hace referencia a todos los cargos públicos relacionados con el CIOMijas desde noviembre de 2014 (cuando se pagó la última nómina), por lo que estarían afectados, entre otros, la actual delegada de Educación, Patricia Alba, y el exdirector general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate.
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