Un informe policial pone en cuestión el papel de Nozal en las subastas en Mijas

El caso de las subastas exprés de Mijas sumó ayer un nuevo capítulo que afectaría directamente al exalcalde popular de la localidad, Ángel Nozal, ya que un informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial afirma la existencia de supuesta «irregularidades» cometidas por Nozal en el marco de los procesos de subastas, una causa abierta desde hace algo menos de un año y por la que el presidente del PP de Mijas se encuentra ya investigado (antes imputado).

En concreto, dicho informe fechado el pasado 10 de marzo al que SURha tenido acceso y que forma parte de la instrucción, la Guardia Civil destaca que en ciertos expedientes, el exalcalde (Nozal) y el exconcejal de Hacienda (Mario Bravo) del Ayuntamiento de Mijas «han participado de forma directa en la tramitación y resolución de algunos expedientes a pesar de tener intereses en sociedades que realizan labores de administración de fincas».

Tanto Nozal como Bravo ejercen esta labor profesional en la localidad, por lo que el informe insiste en que en estos procedimientos, «las citadas sociedades actúan como parte interesada, bien por haber gestionado la adjudicación de la finca en favor de la comunidad de propietarios, o bien por tener pendiente el cobro de las cuotas de comunidad».

La Guardia Civil, que considera que algunos hechos podrían ser constitutivos, «como mínimo, de un delito continuado de prevaricación», cree además que no había una «voluntad real de notificación» a los deudores implicados, muchos de los cuales solo tuvieron conocimiento de que sus inmuebles habían sido subastados varios meses después de las adjudicaciones.

En cuanto al resto de presuntas irregularidades detectadas por esta Policía Judicial, se destacan en el citado informe una «patente falta de proporcionalidad en el precio de la adjudicación con respecto a su valoración», además de la existencia de resoluciones de procedimientos «de forma sistemática sin agotar el plazo de adjudicación directa».

El texto no solo hace referencia a estas cuestiones, sino que también apunta a la aceptación de alguna oferta por parte de la Mesa de Subasta «de forma improcedente, tanto por el momento como por la forma en que se llevan a cabo», y resalta que diversas adjudicaciones se ejecutaron «en favor de una misma persona física o jurídica o incluso entre personas vinculadas».

Este llamado caso de las subastas exprés comenzó cuando el sindicato Manos Limpias denunció en octubre de 2015 ante los tribunales que el Ayuntamiento de Mijas lleva más de un lustro entregando de forma irregular cientos de propiedades de particulares a un valor muy reducido tras el impago de sus dueños de algunos impuestos, y sin esperar al plazo establecido por si llegaba una oferta mejor.

Tanto el sindicato como CSSP se personaron como acusación particular para denunciar los hechos, abriéndose una investigación. Manos Limpias aseguró entonces que disponía de un listado de 73 adjudicaciones directas de propiedades en Mijas correspondientes a las subastas exprés que se sucedieron entre el día 12 de diciembre del año 2011 y el 26 de diciembre de 2014, a las que habría que añadir las del año 2015. Las propiedades se adjudicaban «de forma exprés» en el plazo de un mes, sin que se esperara a los seis meses que marca la ley por si llegaba una oferta superior, según denunciaron desde el mencionado sindicato.