Fernández Montes alega que no recibía la mayoría de denuncias dirigidas a Alcaldía

El exalcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, declaró ayer como investigado por su presunta inacción ante más de medio centenar de denuncias vecinales registradas en el Ayuntamiento durante la legislatura pasada y relacionadas con el ruido y otros perjuicios ocasionados por varios chiringuitos de Los Álamos. Estos establecimientos, según la Guardia Civil, funcionaban como «auténticas discotecas» pese a carecer de licencia para ello. El alud de quejas presentadas por los vecinos fue avalado por un informe del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) que alertaba de la comisión de un supuesto delito de prevaricación por parte del Consistorio, por entonces gobernado por mayoría absoluta por el Partido Popular (PP).

Fuentes consultadas sostienen que, en su declaración ante el Juzgado número dos de Torremolinos, Fernández Montes aseguró que los escritos dirigidos a Alcaldía eran tramitados por los trabajadores de este área pero no por él mismo de forma directa, salvo en algunos casos. Como ya hicieran la semana pasada los otros tres exconcejales del PP investigados por este caso, el exregidor se negó a responder a las preguntas de la acusación y, siempre según las fuentes consultadas, alegó que las denuncias interpuestas respondían a los intereses de únicamente dos vecinos, sin que fueran secundadas por los turistas de los hoteles o los inquilinos de las residencias cercanas a estos chiringuitos. En cuanto al ruido, Fernández Montes, que continúa siendo presidente del PP en Torremolinos, achacó estas molestias a los botellones organizados en el paseo marítimo de Los Álamos y afirmó que los chiringuitos tienen licencia para conectar música ambiente.

Informe

Tras las comparecencias de cinco de las seis personas investigadas hasta ahora por este caso, la jueza tomará declaración al sexto investigado, un técnico municipal, y solicitará que la Guardia Civil ratifique su informe. La investigación del Seprona, que se prolongó durante un año, concluyó que existían «diversas irregularidades en el funcionamiento de varios chiringuitos, lo que podría suponer la comisión de varios ilícitos penales como consecuencia de la actitud de pasividad ante dichos incumplimientos mostrada por ambas administraciones», en referencia al Ayuntamiento de Torremolinos y la Junta de Andalucía.

Los agentes sostienen que las actuaciones del Consistorio presidido por Fernández Montes fueron «idénticas y se limitaron única y exclusivamente a efectuar mediciones de ruido», sin que el Gobierno municipal hiciera «nada en relación a las denuncias por horario de cierre». Los investigadores también apuntan a que «llama poderosamente la atención la ausencia de denuncias por parte de la Policía Local respecto al cumplimiento del horario de cierre y actividades no autorizadas a pesar de que dichas irregularidades fueron denunciadas reiteradamente ante el Ayuntamiento y de que las mismas son públicas y notorias».