Cientos de millones en indemnizaciones por el gran incendio de la Costa, atascados desde 2012

El gran incendio de la Costa del Sol, el más devastador de los que se han producido en los últimos 24 años en la provincia de Málaga, arrasó 8.225 hectáreas de terreno. Se cumplió, una vez más, la regla de los «tres treinta»: 37,6 grados de temperatura, una humedad relativa del 18% (por debajo de 30) y rachas de terral de hasta 34 kilómetros por hora.

Sin embargo, la velocidad del viento que soplaba aquella tarde del 30 de agosto de 2012, que extendió la lengua de fuego por seis municipios de la Costa, contrasta ahora con la lentitud de la causa judicial sobre el incendio. La falta de medios y la propia envergadura del procedimiento, que acumula ya más de un millar de afectados, mantienen atascados cientos de millones de euros en indemnizaciones, según informaron a este periódico fuentes judiciales.

El caso, que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Coín, tiene por el momento como único imputado a un jardinero al que la investigación señala como presunto responsable de la hoguera que desató el incendio, y que se originó en una finca situada junto al conocido paraje de Barranco Blanco (Coín), aunque dentro del término municipal de Alhaurín el Grande.

Los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia civil y de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Policía Autonómica coincidían en que la causa fue una negligencia, ya que aquella tarde se realizó una quema de rastrojos en el interior de una finca al pie de la ladera del cerro Alaminos, y junto al carril denominado Charco del Infierno, según las pesquisas de ambos cuerpos.

Restos de una poda

En ese lugar, los especialistas encontraron varias pruebas, entre otras, trazas vegetales de plantas decorativas tales como adelfas, cipreses, palmeras y jacarandas, «con los que -cita textualmente el informe de la BIIF- se había hecho una hoguera, que al ser abandonada todavía incandescente, propició que se propagara el incendio en dos frentes, hacia el norte en dirección a caseta Alaminos, y hacia el oeste por Barranco Blanco».

Tras la detención del jardinero, que se produjo el 1 de octubre de 2012, la investigación judicial del caso continuó para cuantificar el volumen de los destrozos. Tres años después, el proceso lleva camino de eternizarse y su final se antoja muy lejano; fuentes judiciales calculan que, a este ritmo, a la instrucción aún le restan «cuatro o cinco años más».

El primer motivo, explican, es la propia envergadura del procedimiento. Las previsiones y balances realizados entonces se han quedado muy cortos (en su día, las autoridades cifraron las casas dañadas en un centenar). Hasta el momento, se ha identificado ya a más de un millar de afectados por las llamas. «Hay desde viviendas de particulares hasta acuíferos de titularidad pública», precisaron las mismas fuentes.

La segunda parte es localizar a los titulares de los bienes para ofrecerles la posibilidad de ejercer acciones legales. Y ahí aparece otro problema: muchos de los afectados son ciudadanos extranjeros que, tras perder sus propiedades o vivir esa traumática experiencia, regresaron a sus países de origen. En consecuencia, el juzgado está teniendo que cursar comisiones rogatorias a sus lugares de residencia para encontrarlos y ofrecerles la posibilidad de personarse como perjudicados en el procedimiento judicial.

Otro cuello de botella se ha originado en la tasación de los desperfectos, ya que hay que visitar cada una de las propiedades afectadas, realizar un estudio individual y cuantificar con exactitud el valor de lo dañado cara a futuras indemnizaciones. Fuentes cercanas al caso aseguran que, a tenor de los peritajes realizados hasta la fecha, los destrozos ocasionados por el fuego supondrán «cientos de millones de euros».

Pero aún hay más. Por si fuera poco, la funcionaria que tramita el expediente está de baja desde hace dos meses sin que por ahora haya sido sustituida, pese a las reiteradas peticiones realizadas desde el juzgado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Es decir, subrayan las fuentes, que no sólo no se ha reforzado la plantilla ante semejante procedimiento, sino que tampoco se cubren con la celeridad necesaria las plazas vacantes. En consecuencia, la instrucción, tres años después de que se apagaran las llamas, ha vuelto a paralizarse.