Alberto Gómez
Sábado, 22 de noviembre 2014, 01:55
Una paradoja circula por las calles de Torremolinos. La grúa municipal encargada de retirar vehículos no tiene en regla la inspección técnica necesaria, además de presentar numerosas irregularidades en la carrocería y la iluminación. Así al menos lo contempla la multa de 200 euros que la Policía Local le puso a comienzos de mes y que parece haber sido el detonante para que el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sip-An) enviara un escrito al alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes, con objeto de ponerle en aviso de este hecho. Se desconoce si el expediente por infracción se ha tramitado, pese a que el citado artículo establecía un plazo de diez días para que la grúa se presentara a la estación ITV correspondiente.
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Fuentes cercanas al Ayuntamiento aseguran que varios agentes se habían quejado ya de la situación de este vehículo, «que al parecer carece de ITV desde 2010», y que circula sin la señalización debida. El hecho de que se trate de la grúa encargada de retirar los coches cuyos dueños son multados agrava el incumplimiento de la normativa vigente y ha despertado la indignación por parte de algunos vecinos. La multa, a la que este periódico ha podido tener acceso, detalla que la grúa, de marca Mitsubishi, estaba estacionada en la avenida Joan Miró, a pocos metros del Ayuntamiento, y que su operario no se encontraba dentro en el momento en el que la Policía Local interpuso la multa.
Quejas continuas
En el escrito remitido al primer edil se especifica que «al parecer, la grúa ha estado circulando y realizando el servicio normalmente hasta el día de la fecha de remisión de la presente, relevándose a los policías asignados al servicio de grúa, y siendo reasignados a otros servicios por parte de los respectivos jefes de servicio ordinario y ante las quejas de los policías por estos incumplimientos». Otras informaciones recibidas hacen referencia a que los empleados de la grúa no están percibiendo sus retibuciones salariales desde hace tres meses y que no se encuentran dados de alta en la Seguridad Social, algo que, de confirmarse, supondría un delito por parte de la empresa concesionaria del servicio. El Sip-An también ha puesto en conocimiento de Fernández Montes esta información.
Las fuentes consultadas por este periódico afirman que el sindicato ha denunciado «la aparente inacción de la empresa concesionaria y de la Administración como responsable subsidiaria, teniendo en cuenta que afecta directamente a la buena imagen y reputación del servicio que presta la Policía Local de Torremolinos y por la seguridad jurídica y física de los empleados y las repercusiones que se podrían derivar de tales hechos, a nivel legal y de opinión pública».
Estas presuntas irregularidades podrían provocar que el Ayuntamiento rescindiera el contrato con la concesionaria actual. No sería la primera vez que un consistorio malagueño tuviera un problema de estas características. En 2012, el concejal de Tráfico de Antequera, Ángel González, inició las acciones para finiquitar el contrato municipal con la empresa concesionaria de la grúa. En aquella ocasión la razón esgrimida fue el servicio deficitario de esta y un presunto acuerdo verbal con el anterior alcalde en el que se pactaba el número de vehículos que la grúa debía recoger al mes. «Había meses que se llevaban 170 vehículos», llegó a asegurar González. En el caso de Torremolinos, el problema adquiere tintes paradójicos. Cazador cazado, pensarán algunos.
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