Más de la mitad de las urbanizaciones de la Costa carecen de planes de protección contra incendios

El incendio forestal declarado en Cómpeta hace una semana ha hecho saltar las alarmas sobre la capacidad de los municipios de hacer frente a un verano que, tras una escasa temporada de lluvias, se presenta caluroso y seco. Apenas unos días después, las llamas llegaron a Torremolinos, reforzando aún más esta teoría. En la costa provincial actualmente, más de la mitad de las urbanizaciones carecen de planes de autoprotección para hacer frente a catástrofes de este tipo.

Pese a que existe una ley andaluza, la 5/1999 sobre prevención y lucha contra incendios forestales que obliga a las comunidades de viviendas ubicadas en entornos de monte, a presentar en el Ayuntamiento un documento que medidas para evitar y acabar con incendios, el complicado desarrollo urbanístico y la dispersión poblacional parecen ser las causas que retrasan estos trámites, pese a que localidades como Marbella o Mijas y la propia Junta, organizan campañas informativas al respecto.

Un plan de autoprotección -obligatorio también para parcelas rurales, aunque no tengan construcción ni uso alguno- es un informe que recoge las actuaciones preventivas contra el fuego, además de las herramientas de que disponen para solventar, de manera eficaz, una emergencia.

En Cómpeta, donde se calcinaron 220 hectáreas forestales del Parque Natural de las Sierras Tejeda-Almijara, y otras 40 de suelo urbano, la mayoría de las urbanizaciones que se vieron afectadas, sí contaban con los planes. Este es el caso de la de Cruz del Monte, una de las más afectadas. Precisamente, técnicos de Medio Ambiente habían impartido hacía pocos meses una charla advirtiéndoles de los riesgos a los que se exponían en caso de no contar con el documento.

El resto de las principales localidades axárquicas -Nerja Torrox y Frigiliana-, los ayuntamientos de las tres tienen ya elaborados los planes de emergencias para incendios forestales. En el primero de los municipios, la administración local está elaborando también, en coordinación con las urbanizaciones más próximas al parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, los planes para estas viviendas. Frigiliana, suma una decena de urbanizaciones con el documento al día, y el consistorio está centrado ahora en que lo culminen las de mayor tamaño, como Cortijo San Rafael o las próximas al límite municipal con Nerja.

Ya en la Costa Occidental, Benalmádena ha requerido a todas las urbanizaciones que presenten y, si ya cuentan con él, actualicen, los informes que buscan, principalmente, facilitar una información que es muy valiosa para los equipos de emergencia en caso de intervención -ya que incorporan detalles técnicos como los medios de extinción que posee el entorno, planos con salidas de emergencia, accesos y bocas de riego, entre otros aspectos-. Según responsables de Bomberos, los propietarios a los que les afecta la norma andaluza están respondiendo «pero no con toda la agilidad que debieran».

La vecina Mijas es una de las localidades malagueñas que, desgraciadamente, más castigada ha sido por las llamas en las últimas décadas. El equipo de gobierno del PP se puso manos a la obra poco después de llegar a la alcaldía en 2011, entre otras cosas porque en septiembre de aquel año el término municipal ya sufrió un grave incendio -que desaparecería del imaginario colectivo apenas un año después, ante la catástrofe de finales de agosto conocida como el gran incendio de la Costa del Sol-. Además de apremiar a las zonas residenciales a contar con estos planes -la mitad sigue sin ponerse al día-, los técnicos municipales han diseñado un formulario marco para que los interesados rellenen e informen al Consistorio de las características básicas con las que cuenta su propiedad, comunidad o diseminado rural.

Propuestas conjuntas

El concejal de Medio Ambiente de Mijas, José Francisco Ruiz Fontalba asegura incluso que «es más eficaz y económico si los planes se realizan conjuntamente, es decir, entre todos los propietarios de núcleo rural concreto». Esta misma idea se traslada a Marbella, que en junio del pasado año aprobó la revisión del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF). En él las 800 urbanizaciones del término municipal se agrupan en 93 sectores. A su vez, cada uno está reflejado en el documento con una ficha donde se describe la zona, la capacidad de combustión en función de su masa forestal, la accesibilidad, posible comportamiento del fuego, y las medidas de protección aplicando por tanto índices de peligro potencial y de dificultad de extinción.

Tras su aprobación, el Ayuntamiento instado a las urbanizaciones a que apliquen los planes de autoprotección. Hasta el momento se han recibido 156 documentos de áreas residenciales (entidades urbanísticas, mancomunidades, macrocomunidades o urbanizaciones). Fuentes municipales consideran esta cifra «elevada teniendo en cuenta la complejidad urbanística del municipio».

Ya en el extremo más occidental de la costa malagueña, en Estepona, actualmente existen unos 200 planes de autoprotección en vías de aprobación. Para su elaboración, el Ayuntamiento ofrecen asesoramiento gratuito. También, y como medida preventiva, se han desbrozado 200.000 metros cuadrados para proteger estas urbanizaciones. Localidades vecinas como Casares y Manilvan avanzan en este mismo sentido.