El equipo de gobierno bipartito (PSOE y GIPMTM) en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado este viernes en pleno el pago de 1.825. ... 810 euros en facturas a proveedores que llevan pendientes desde hace tres años en algunos casos. En la sesión, que ha durado más de seis horas, se ha acordado también la cesión a la Junta de una parcela para un nuevo centro de salud en Torre del Mar, un proyecto pendiente desde hace más de una década.
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Asimismo, la corporación ha aprobado aumentar en 200.000 euros, hasta los 390.000 euros al año, los fondos de la bolsa destinada al pago de horas extraordinarias de la Policía Local, debido a la escasez de efectivos, por debajo de los 90 y al incremento exponencial del número de eventos que se celebran en la capital de la Axarquía.
A la sesión han acudido una veintena de vecinos de las pedanías de Los Íberos y Los Puertas para reclamar una solución a los problemas de aguas fecales en sus casas. En un tenso debate se ha aprobado solicitar una ayuda de 500.000 euros a la Diputación. El portavoz del PP, Jesús Lupiáñez, ha criticado que no se destinen los fondos incondicionados que envía la institución al Ayuntamiento para este asunto. El portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, ha respaldado a los vecinos y les ha prometido que solucionará el asunto tras las elecciones de mayo de 2023.
Por su parte, el gobierno bipartito aprobó la revisión salarial de los seis integrantes del personal directivo funcionario, tras la reciente sentencia que anuló las subidas aprobadas para el secretario y el interventor en 2018. Con este acuerdo se consolidan los salarios, en esos dos casos superiores a los 100.000 euros anuales. Los tres grupos de la oposición, el PP, Andalucía por Sí y la edil no adscrita, María José Roberto, han pedido que el asunto se quedara sobre la mesa, sin éxito.
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El edil de Hacienda, David Vilches (GIPMTM), ha defendido las subidas salariales «para que se queden los mejores funcionarios». El edil del PP Francisco Delgado ha anunciado que van a estudiar emprender acciones legales. «Es una confabulación absoluta, hay una actitud prevaricadora, para consolidar una sueldos que son indecentes, equiparándose a ayuntamientos como el de Madrid», ha argumentado. El alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, ha defendido que este asunto es consecuencia de la declaración de Vélez-Málaga como municipio de gran población en 2012 por el PP y que cuentan con todos los informes técnicos y jurídicos favorables.
Por otro lado, el pleno ha aprobado también por unanimidad la propuesta de instar a la Junta a que realice las gestiones oportunas para la instalación de un ascensor en el colegio público Genaro Rincón de Caleta de Vélez, «una urgente necesidad» que ha trasladado tanto el equipo directivo del centro como la Ampa para que las personas con movilidad reducida, en concreto alumnos del centro, puedan ejercer su actividad con normalidad. «Esta necesidad ya fue trasladada a la Junta en 2020, con el compromiso de dicha administración de llevarla a cabo, de hecho envió personal técnico para la comprobación de la situación respondiendo afirmativamente a la petición, sin ser resuelta a día de hoy», han expresado desde el gobierno bipartito.
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Del mismo modo, se ha acordado solicitar a la Junta de Andalucía que acometa «a la mayor brevedad» posible la renovación del mobiliario de colegio público Custodia Puga de Torre del Mar, consignando los fondos para ello, ya que dicho mobiliario se encuentra actualmente en un estado de avanzado deterioro. Desde hace diez años tanto la dirección del centro como el AMPA han solicitado en repetidas ocasiones a la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública de Educación el cambio de mobiliario, unas peticiones que no han sido actualmente resueltas por la Junta de Andalucía, quien tiene las competencias educativas.
Por último, el pleno aprobó, por unanimidad, a propuesta del PP, solicitar al Gobierno central que queden exentas de pago del IRPF las ayudas para la rehabilitación de vivienda habitual a las familias en situación de riesgo de exclusión social, con ingresos ponderados inferiores a tres veces el IPREM o que cuenten con uno de sus miembros con movilidad reducida. En su gran mayoría dichas subvenciones son otorgadas a familias con pocos recursos y la realidad es que muchas familias se ven imposibilitadas a la hora de acometer obras de rehabilitación, aún estando subvencionadas en un 95%, por no poder hacer frente al pago de impuesto que supone.
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Por otro lado, el próximo lunes tendrá lugar otro pleno extraordinario para aprobar un asunto que no ha salido adelante este viernes al no alcanzarse la mayoría absoluta en la votación de la urgencia debido a la ausencia, en ese momento, del concejal David Segura. Se trata de la aprobación de unas facturas extrajudiciales de los fondos Next Generation para destinarlas a la reactivación del tranvía de Vélez-Málaga.
Para Lupiáñez, «este error del equipo de gobierno, que no se pone de acuerdo ni para votar, le va a costar a las arcas municipales, es decir, a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio, un montante económico, al margen del laboral de los empleados públicos que tengan que invertir su tiempo en el pleno, en vez de en sus labores diarias».
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Por su parte, el Partido Popular ha vuelto a lamentar «la falta de ética y de espíritu democrático demostrado por el equipo de gobierno», ya que con su mayoría ha impedido que en esta sesión plenaria se haya podido debatir sobre la subida de impuestos que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre la ocupación ilegal de las viviendas y tampoco está dispuesto a apoyar un manifiesto en defensa y apoyo de la mujer rural, temas propuestos por el grupo popular.
Hace unos días se conocía públicamente que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había dado la razón al PP, que denunció en su día al equipo de gobierno por realizar cambios en el reglamento de los plenos. El alcalde, a una pregunta del portavoz popular, Jesús Lupiáñez, ha asegurado que «ha dado instrucciones de ir a casación, lo están estudiando los servicios jurídicos».
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