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El equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (PP y GIPMTM) ha descartado implantar en 2024 la tasa municipal de basuras a la que obliga la ley de residuos aprobada en 2022 como transposición de una directiva europea de obligado cumplimiento por ... todos los países. Así, el Consistorio, al igual que ya anunció el pasado septiembre la capital, agotará el plazo máximo permitido, que fija esta obligación en abril de 2025.
En la capital de la Axarquía, como ocurre en Málaga capital, no se paga una tasa específica de basura, ya que ésta se considera incorporada en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, esta situación va a cambiar para el año 2025, en cumplimiento de esta normativa, que se inspira en el principio de 'quien contamina paga'. Así, los ayuntamientos están obligados a implantar la tasa para repercutir el coste real de la gestión de los distintos residuos de competencia municipal a los ciudadanos (recogida, transporte y tratamiento).
En el caso de Vélez-Málaga el contrato de limpieza con la firma Althenia S. L., filial del grupo malagueño Sando, está caducado desde hace ya más de un año. El Ayuntamiento está trabajando en el nuevo pliego, que subirá los costes en al menos un 25%, hasta rebasar los diez millones anuales, tal y como ya informó SUR el pasado septiembre.
El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), ha explicado que los técnicos municipales están trabajando en el nuevo pliego, con el que se podrá calcular el coste real del servicio, que se pretende ampliar a más zonas y urbanizaciones. A partir de estos estudios, se podrá también conocer la cuantía de la tasa de basuras que tendrá que implantarse a partir de 2025. «Es un limbo, estamos en contacto con otros concejales de Hacienda de otros ayuntamientos para ver de qué manera se puede o no se puede hacer el cálculo de la tasa», ha explicado el edil veleño en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía.
El fundamento para cobrar una tasa de basura hay que buscarlo en la Ley de Residuos (7/2022 de 8 de abril), que obliga a repercutir el coste real de la gestión de los distintos residuos de competencia municipal a los ciudadanos (recogida, transporte y tratamiento). Se trata, por eso, de determinar el coste del ciclo integral. En dicha ley se hace referencia exacta a «una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento o vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».
Es el principio de que «quien contamina, paga». El hecho de que se recupere a partir de 2025 con sistemas de pago por generación, recogiendo el coste real, de manera específica y diferenciada, viene impuesto por la ley, que se adapta a la Directiva 2008/98/CE.
A la espera de que se concrete esta nueva carga impositiva para el bolsillo de los más de 84.000 veleños empadronados, lo que sí notaran para el próximo ejercicio es una ligera rebaja en el tipo impositivo del IBI, que pasará de 0,66 al 0,64, tal y como se aprobó el pasado mes de enero por el pleno, para compensar la subida de los valores catastrales aprobada en la última reforma legal de 2012, durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, y que supuso subidas de la contribución en la inmensa mayoría de los municipios españoles. El objetivo era aumentar la recaudación en unos años de crisis y dificultades financieras para las arcas locales.
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