Vecinos de Vélez-Málaga acuden al Defensor del Pueblo para exigir el cumplimiento de una sentencia

La urbanización, en la que hay unas sesenta parcelas y una treintena de viviendas, tampoco cuenta con un sistema de alumbrado adecuado, el cableado está próximo a zonas de vegetación y los contadores están a la vista. Después de una larga batalla judicial, en junio de 2019 los residentes consiguieron una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se estableció que el Ayuntamiento veleño está obligado a ejecutar la urbanización, asumiendo todos los costes que excedan de 597.257,88 euros, que fue la cantidad que se fijó inicialmente que tenían que abonar los propietarios.

Como las obras, que deben hacerse por cooperación, lo que conlleva que es el Consistorio quien las ejecuta, pero son los vecinos los que las cofinancian, no se ejecutaron dentro de los plazos establecidos, el Ayuntamiento volvió a redactar un nuevo proyecto en 2008, que elevaba los costes a 1.722.681 euros. Así, «el Consistorio está obligado a asumir un mínimo de casi 1,2 millones de euros del coste», según estimó a SUR el presidente de la asociación de vecinos, Juan Ramón Ibargüengoitia, quien explicó que «ante la inactividad del Ayuntamiento», han solicitado al juzgado que ordene la ejecución forzosa del fallo judicial.

A su juicio, «la inevitable actualización del proyecto aumentará notablemente esos 1,2 millones a cargo de los impuestos de la ciudadanía veleña», consideró. Al mismo tiempo, han acudido ya hasta en tres ocasiones a pedir amparo ante el Defensor del Pueblo Andaluz. «La última vez se nos contestó que si volvían a producirse dilaciones en las actuaciones municipales o judiciales referentes a este proyecto era posible una intervención. Han transcurrido más de tres años desde el último escrito, sin que tengamos el menor indicio de una pronta ejecución de una sentencia que ya es firme desde hace más de cinco años», argumentó el presidente de la asociación vecinal.

Según este vecino, han transcurrido ya casi cuatro años desde que se iniciase el incidente en el juzgado, y el Ayuntamiento no ha cumplido con el fallo de la sentencia, «después de haberlo solicitado hasta la saciedad en los escritos de nuestros abogados». «El Consistorio perpetúa su inactividad sin hacer frente a responsabilidad alguna. No tenemos la menor duda de que la administración local no tiene la más mínima intención de cumplir con el fallo. Realizan pequeñas actuaciones, muy puntuales ,como la adjudicación de contratos menores para ejecutar intervenciones aisladas», apostilló.

Por su parte, SUR intentó sin éxito recabar una versión del equipo de gobierno municipal bipartito, de PSOE y GIPMTM, sobre este asunto. El edil de Infraestructura, Juan García (GIPMTM), remitió al alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, como responsable de Urbanismo. El regidor tampoco estuvo en disposición de atender a este periódico.