El TSJA anula la subida salarial del secretario y el interventor del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Así tras una primera sentencia que fue declarada firme en octubre de 2022, tras un procedimiento ordinario por la vía contencioso-administrativa, otro fallo del TSJA recoge ahora que se considera probado que se vulneró el derecho fundamental a la participación política de los entonces concejales del PP por la aprobación de este incremento salarial en un pleno en junio de 2018. La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, confirma que a los ediles populares no se les entregó una serie de informes técnicos que habían solicitado antes de la celebración de la sesión plenaria.

Para los populares, esta documentación «se consideraba esencial para conocer de cara a poder analizar, estudiar, formar un criterio y opinión que permita definir la línea política de actuación, formular posibles propuestas alternativas, fundamentar el debate y definir el sentido del voto en lo que se considera el acuerdo más importante del ejercicio, cual es la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento, en el que estaban incluidos estos incrementos salariales».

La Sala considera que el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos se vulneró en este caso, pues los concejales tenían derecho a pedir la documentación y los informes. «El acceso a la documentación solicitada era incondicional sin otra excepción que el abuso. Aunque la demandada intenta justificar su actuación precisamente en un abuso por parte de los demandantes guiados por su mala fe, lo cierto es que no aporta argumentos que revelen el contenido de ningún exceso», argumenta el Alto Tribunal Andaluz.

A juicio del TSJA, «más bien ha de predicarse de la corporación, cuando esta atribuye a los demandantes lo intempestivo de su solicitud, la inexplicable premura en convocar la sesión, y la ausencia de justificación en relación al carácter extraordinario en relación al establecimiento en el concepto retributivo del complemento específico del secretario e interventor la cantidad de 60.217,8 euros anuales», apostilla.

De esta forma, para el Alto Tribunal Andaluz, «pese a la posibilidad de condicionar o limitar ese acceso de considerarlo abusivo, las alegaciones sobre una posible actuación abusiva en este caso no pueden ser admitidas con los datos existentes porque nunca se ha afirmado, y menos probado, que la documentación pedida fuese ajena al desarrollo de las funciones públicas del concejal, siendo carga de la corporación probar que la finalidad perseguida fuese otra diferente y determinante del abuso que se viene a denunciar».

Por su parte, el interventor municipal, Juan Pablo Ramos, alegó que la documentación solicitada «nada tiene que ver con el objeto de la impugnación del procedimiento», mientras que la defensa del entonces secretario, Benedicto Carrión, planteó la inadmisibilidad del recurso «por estar dirigido contra un acto de mero trámite, que no decidió, directa o indirectamente, el fondo del asunto, ni produjo indefensión ni perjuicio irreparable a derechos legítimos». El TSJA condena además en costas a los demandados por hasta 1.500 euros.

Para el exportavoz del PP y exalcalde veleño, Francisco Delgado, esta nueva sentencia judicial «es la octava condena por derechos fundamentales que gano al Ayuntamiento gobernado por el PSOE y el GIPMTM«. «Es un ejemplo más de la nefasta gestión que se hizo desde 2015 a 2023. Fue un incremento salarial abusivo e indecente, sin cumplir con el procedimiento establecido y sin justificación alguna», ha expresado. Delgado ha insistido en que va a pedir que los funcionarios que han ocupado estos dos puestos «devuelvan las cantidades cobradas indebidamente».

«Hay ya dos sentencias ganadas y se tienen que cumplir y ejecutar«, ha argumentado Francisco Delgado, quien ha recordado a sus compañeros en el gobierno que son fallos judiciales »que nos han dado la razón a nuestras demandas y derechos fundamentales amparados en el artículo 23 de la Constitución y hay que ejecutarlas y cumplirlas en defensa de los recursos públicos«, ha apostillado.

El que era secretario municipal cuando se aprobó el incremento salarial, Benedicto Carrión, dejó el puesto en Vélez-Málaga para incorporarse a la Diputación en abril de 2021. El interventor sigue siendo el mismo, Juan Pablo Ramos. Delgado ha mostrado, no obstante, «todos los respetos para ambos funcionarios». «La ley está para respetarla y no se puede aprobar una subida salarial que sitúa a ambos funcionarios por encima de los 100.000 euros anuales, más que el presidente del Gobierno y de la Junta», ha expresado Delgado.

Por su parte, fuentes municipales del gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, sobre un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras este fallo del TSJA, han apuntado a este periódico que los servicios jurídicos del Ayuntamiento «han de estudiar la sentencia y se tomará la decisión antes de que expiren los plazos legales para tal fin».