Torrox transfiere los 3,5 millones pendientes para dar carpetazo al despido improcedente del exrecaudador en 1990

«Me ha costado firmar la orden de pago», ha reconocido Medina. «La de cosas tan necesarias que se podían hacer con este dinero en creación de empleo, calidad de vida para nuestros vecinos o riqueza para Torrox y tener que desprenderse de 3,5 millones de euros por la ineptitud de algunos políticos no es fácil. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más el 15% del presupuesto municipal y simplemente por la dejadez de quienes se supone que administran el dinero de los ciudadanos«, afirmó.

No obstante, aunque el alcalde ha insistido en que «por lo menos, los partidos que han estado al frente del Ayuntamiento durante estos años, como PSOE e IU, deberían sonrojarse y pedir perdón», ha preferido mirar hacia el futuro y lanzar un mensaje de ilusión para los vecinos: «Por un lado se te queda la cara de tristeza cuando haces un pago de 3,5 millones de euros a cambio de nada, pero por otro sientes un alivio al ver que grandes proyectos que necesitamos para lograr nuestro objetivo de que Torrox sea un referente en la Costa del Sol, puedan tener luz verde y sean pronto una realidad«.

Óscar Medina ha mostrado una vez más su agradecimiento a la concejala de Hacienda, Paula Moreno, por el trabajo realizado para poder hacer frente a esta sentencia: « Si no es por el rigor y la entrega de la delegada y su equipo, cerrar el 'caso Barragán' no hubiera sido posible. Hubiéramos tenido que sacrificar servicios o las ayudas a los vecinos del Plan de Recuperación que hemos puesto en marcha para frenar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Gracias al trabajo que se viene realizando de contención del gasto, el Ayuntamiento de Torrox es de los que hoy por hoy puede presumir de haber conseguido 'deuda cero'. Eso sí es ejemplo de administrar el dinero de los ciudadanos«, aseveró.

El conocido popularmente en Torrox como 'caso Barragán' comenzó en el siglo pasado, concretamente el 2 de febrero de 1990. El pleno municipal, presidido entonces por el socialista Idelfonso Mateos, acusó al entonces recaudador Antonio Barragán de «abandono de sus funciones» en las cuentas entre 1988 y 1989 y acordó prescindir de sus servicios incumpliendo una cláusula de preaviso de tres meses que estipulaba el contrato que les vinculaba.

Tras un eterno proceso judicial, en el que según Medina «ni como alcalde ni como abogado puedo entender las numerosas pifias que se han cometido», finalmente ambas partes acordaron el pasado mes de mayo un segundo y último pago de 3,5 millones de euros para zanjar el conflicto, que debía abonarse en un periodo máximo de seis meses, plazo que culminaba el próximo mes de noviembre. «He defendido con uñas y dientes todo lo que he podido, para, al menos, hemos podido ahorrar 7 millones de euros de los que nos pedía y cerrar de una vez este sangrante capítulo de la historia negra de Torrox», sentenció Medina.