Tercera movilización vecinal en Torrox en contra de la ubicación de una nueva subestación eléctrica

«No nos oponemos a que se construya una subestación, nos oponemos a que se construya en esta ubicación, pedimos que se busque una alternativa, porque ésta no reúne las condiciones de seguridad, ni urbanísticas ni medioambientales», ha considerado el presidente del colectivo ciudadano, Antonio Ruiz, al término de la protesta, que se ha desarrollado sin incidentes, desde la zona del Convento de Las Nieves hasta la plaza de la Constitución, donde se ubica el Ayuntamiento torroxeño. Según fuentes municipales la protesta ha contado con 170 participantes.

Ruiz ha lamentado que tras estas tres movilizaciones masivas y tras varias reuniones con ediles del equipo de gobierno, «el alcalde siga sin querer recibirnos ni escucharnos, delega en sus concejales», ha especificado, al tiempo que ha confesado que «tienen un rayo de esperanza» tras conocer hace unos días que la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha ordenado abrir diligencias por presuntas irregularidades urbanísticas y medioambientales en el expediente para otorgar la licencia de obras para la subestación eléctrica.

El proyecto de Endesa tiene un plazo de ejecución inferior a un año y los trabajos apenas han alcanzado por ahora el 20% de ejecución. Suponen una inversión privada de, al menos, seis millones de euros. «Mantenemos una movilización constante, con gente a diario junto a la parcela de las obras. Es una zona inundable, a 50 metros de viviendas y a 165 metros del colegio de El Faro, donde estudian mis dos hijas», ha argumentado Ruiz, quien ha anunciado que van a mantener una «movilización constante», con protestas callejeras todas las semanas, «hasta que nos escuchen, nos hagan caso y acepten parar esta barbaridad».

«Hay incumplimientos claros en materia ambiental y urbanística, no nos han dejado examinar todo el expediente, el alcalde nos ha mentido desde el principio, justo antes de las elecciones nos dijo que las obras no se iban a iniciar y que seguía trabajando para buscar otra ubicación, pero justo empezaron las obras dos días después de las elecciones, cuando volvió a conseguir la mayoría absoluta», ha manifestado Ruiz. En la protesta han participado ediles de los grupos de la oposición de izquierdas, de PSOE e IU. Vox también se opone a la ubicación elegida por el Ayuntamiento.

Por su parte, el principal partido de la oposición, el PSOE, solicitó hace unas semanas revocar la licencia de obras de la polémica subestación eléctrica de Torrox. Los socialistas pidieron parar cautelarmente los trabajos ante la posibilidad de poder declarar nulo el proyecto de actuación previo al permiso. Esto mismo lo ha solicitado ya también la Plataforma Ciudadana. Por su parte, fuentes municipales han asegurado que el expediente de todo el proyecto «siempre se ha analizado y revisado con lupa por parte de los técnicos del Consistorio torroxeño».

Por su parte, el pleno aprobó a mediados del mes de octubre «buscar alternativas» a la ubicación de la subestación eléctrica. Sin embargo, las obras prosiguen. El pleno acordó por unanimidad «crear un grupo de trabajo y el gobierno del PP aludió a «un informe jurídico que advierte de prevaricación si se anula la licencia concedida a Endesa». Así, el gobierno local del PP, con mayoría absoluta, volvió a votar favorablemente a la propuesta de buscar nuevas alternativas a la ubicación de la subestación, «porque nosotros estamos con los vecinos y tampoco queremos esa ubicación, pero todo esto es el resultado de un conjunto de pasos que se han ido dando a lo largo de los años, desde que por parte del Ayuntamiento se adquiriese ese compromiso mediante la firma del convenio en el año 2005 y en 2008 se concedieran licencia e iniciasen los trámites para el desarrollo del proyecto de actuación», dijo el portavoz municipal del PP, José Manuel Fernández.

El informe jurídico asegura, según el edil torroxeño, que «la ausencia absoluta de cualquier dato que justifique los criterios de interés público a considerar para la revocación podría dar origen al ejercicio de la acción penal por los perjudicados por un posible delito de prevaricación administrativa». Además añade que para la revocación de la licencia «no concurren los requisitos del artículo 306 del decreto 550/2022 desde la perspectiva de la revisión de la licencia por motivos de legalidad, porque no se ha producido ningún cambio en el planeamiento urbanístico que es el supuesto que regula el precepto y que la licencia pudiera ser contraria a éste».

Igualmente, según el gobierno del PP, el informe añade que la adopción de un acuerdo revocatorio de la licencia «a sabiendas de su ilegalidad conllevaría, además de que dicho acuerdo sería nulo y, en consecuencia, daría al posible perjudicado el derecho a reclamar los daños y perjuicio irrogados, pudieran ser constitutivos de un delito del artículo 404 del Código Penal, puesto que el dictado del acuerdo supone una absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran».

La propuesta aprobada contemplaba asimismo la constitución y puesta en marcha de un grupo de trabajo compuesto por personal técnico, político y representantes de colectivos afectados, «que disponga de toda la información con máxima transparencia» y exigir a la empresa competente «el soterramiento de las líneas de media y alta tensión que transcurran por el entorno de los centros educativos». En este sentido, Fernández dijo que ya se han mantenido contactos con Endesa y que se convocaría una reunión entre ambas partes para abordar este asunto.