Piden la ejecución de una sentencia que obliga a Vélez-Málaga a pagar 1,2 millones para mejorar una urbanización

La urbanización, en la que hay unas sesenta parcelas y una treintena de viviendas, tampoco cuenta con un sistema de alumbrado adecuado, el cableado está próximo a zonas de vegetación y los contadores están a la vista. Después de una larga batalla judicial, en junio de 2019 los residentes consiguieron una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se estableció que el Ayuntamiento veleño está obligado a ejecutar la urbanización, asumiendo todos los costes que excedan de 597.257,88 euros, que fue la cantidad que se fijó inicialmente que tenían que abonar los propietarios.

Como las obras, que deben hacerse por cooperación, lo que conlleva que es el Consistorio quien las ejecutas, pero son los vecinos los que las cofinancian, no se ejecutaron dentro de los plazos establecidos, el Ayuntamiento volvió a redactar un nuevo proyecto en 2008, que elevaba los costes a 1.722.681 euros. Así, «el Consistorio está obligado a asumir un mínimo de casi 1,2 millones de euros del coste», según ha destacado a SUR el presidente de la comunidad de vecinos, Juan Ramón Ibargüengoitia, quien explicó que «ante la inactividad del Ayuntamiento» han solicitado al juzgado que ordene la ejecución forzosa del fallo judicial.

«El grado de dejación del Ayuntamiento es total. Cultura lleva cuatro años de idas y venidas de documentación con la Junta, sin aportar nada más allá de que el segundo y último proyecto de reurbanización debe incluir unas modificaciones que el Consistorio no implementa. No hay avances», se lamentó este vecino, para quien el Ayuntamiento «tiene muy medidos los tiempos del juzgado y juega con ellos, de manera que le remite papeles cada determinado tiempo para dar la sensación de que sigue trabajando, pero el hecho es que los avances son nulos».

El entorno donde se ubican buena parte de estas viviendas está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) por albergar un yacimiento fenicio. Ibargüengoitia criticó además que el juez no exija la ejecución de la sentencia inicial, que se remonta a 2014. Según este vecino, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ni ha aprobado el proyecto de reparcelación, ni el de urbanización y la documentación técnica más actualizada que existe al respecto fija el coste de la reurbanización en 1,8 millones, de los que casi 1,2 deberán salir de las arcas públicas «por la desidia e inactividad municipal». Los vecinos llevan varios años presentando alegaciones al presupuesto municipal, que son rechazadas.

«Nuestro ofrecimiento al Ayuntamiento y al redactor del proyecto fue que la asociación participara y que éste se realizará con soluciones consensuadas para evitar futuros recursos. Pero hasta ahora no se ha atendido esta disposición, por lo que si no se nos hace partícipes y colaboradores, únicamente podremos intervenir cuando el proyecto esté terminado, con lo gravoso que puede resultar para todas las partes», argumentó el presidente de la comunidad de vecinos.

Ibargüengoitia insistió en que instan «continuamente» a la ejecución forzosa de la sentencia de septiembre de 2014, «cuyo incumplimiento conllevará la condena al Ayuntamiento del pago de más costas judiciales, siempre a cargo de los impuestos de la ciudadanía veleña», apostilló. «A cada ciudadano le costará más de 15 euros de sus impuestos las obras de reurbanización de Cerro y Mar Las Chorreras por causa de la desidia continuada de su Ayuntamiento», finalizó.

Por su parte, SUR intentó sin éxito recabar una versión del equipo de gobierno municipal bipartito, de PSOE y GIPMTM, sobre este asunto. El edil de Infraestructura, Juan García (GIPMTM), remitió al alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, como responsable de Urbanismo. El regidor tampoco estuvo en disposición de atender a este periódico.