Desesperado, tras ver como su hijo caía por un agujero, José Roselló apartó los bloques de hormigón que rodeaban la boca del pozo y metió una goma de regar en el intento de que el pequeño Julen se agarrara a ella y sacarlo de allí. ... Era imposible pues desconocía que la prospección tenía 110 metros de profundidad y el niño había caído al fondo.
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Con estas palabras relata el fiscal el que fue el primer intento de sacar a Julen del pozo. Así lo plasma en su escrito de acusación el representante del Ministerio Público, en el que solicita que el dueño de la finca en el que ocurrieron los hechos, David Serrano, sea condenado a tres años de cárcel al considerarle autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Entre otros aspectos, afirma que Serrano dejó el pozo al descubierto y que no avisó de su presencia a los padres de Julen.
En el escrito de acusación también se tratan las tareas de rescate del niño, que se prolongaron durante 13 días y que despertaron la atención mundial. Fueron unas labores en las que participaron numerosos expertos y voluntarios, durante las cuales el «sacrificio y entrega de todos los participantes, trabajando 24 horas al día, nos enorgullece como país», afirma con rotundidad el representante del Ministerio Público que lleva este caso.
Fue el 26 de enero cuando, sobre las tres y media de la madrugada, se recuperó el cuerpo del pequeño, algo para lo que fue necesario realizar un pozo paralelo y luego una galería subterránea de conexión con las prospección en la que estaba el menor. Fueron unas operaciones dirigidas por el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, recuerda el fiscal, quien también destaca la labor del jefe de servicio de carreteras de la Junta de Andalucía, Antonio Nieto Líñan.
Una verdadera obra de ingeniería civil que costó 687.749 euros, según la valoración inicial del coste del rescate que hizo el Gobierno andaluz, quien se ha personado en esta causa como perjudicado. Tras estos trabajos, se han realizado labores de asentamiento del terreno que tendrán que ser valoradas por la Junta.
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