«Vivimos una pesadilla desde que hace diez años nos entregaron las viviendas»

Como él, unos 80 propietarios de las 100 viviendas del bloque Parador de Añoreta llevan una década «viviendo una pesadilla que no sabemos cuando va a terminar». «Nos entregaron las llaves cuando ya se había declarado el concurso de acreedores y durante todo este tiempo hemos tenido que buscarnos la vida para evitar que se colaran okupas o que los locales se usaran como vertedero», cuenta el presidente de la comunidad.

«La administración concursal sigue sin darnos una solución integral y decente a nuestros problemas y, para coaccionarnos y hacernos sufrir aún más, está vendiendo nuestros trasteros y plazas de garaje –de momento, una docena–, muchos de ellos vinculados por contrato de compraventa a nuestras viviendas, con señales y mucho dinero entregado a cuenta, por lo que también están cometiendo una ilegalidad además de una chapuza», sostiene González, que ha interpuesto una demanda judicial.

Según explica, los propietarios pagaron, de media, 100.000 euros por vivienda. «Debido a la manifiesta torpeza y mala fe de la administración concursal, que lleva el despacho de abogados Landwell-PricewaterhouseCoopers, otras muchas familias ajenas al concurso de acreedores de Aifos también se han visto involucradas y afectadas, y les han generado enormes problemas y disgustos», dice.

Según González, los administradores «debían darnos una solución a los propietarios engañados por la constructora, velar por la conservación y el mantenimiento del bloque en el que vivimos, terminar la obra, instalar ascensores, pagar impuestos y tasas públicas, pagar la comunidad de las viviendas, garajes, trasteros y locales comerciales como cualquier otro vecino... Pero en lugar de eso se han desentendido de todas sus obligaciones y nos han dejado abandonados durante 10 años».

Por su parte, Nicolás Molina, uno de los administradores concursales, afirma que es la Sareb (el llamado 'banco malo') el propietario de las viviendas, «y son los vecinos los que tienen que negociar el precio de compra». «Una parte lo ha hecho y otros no», advierte, al tiempo que sostiene, sobre la venta de los trasteros, que se ha hecho «cumpliendo con el plan de liquidación de la sociedad promotora aprobado por el juez».

«En el inventario aparecían como bienes libres. Aún así, en los casos en los que ha habido un conflicto, se ha devuelto el dinero. Nosotros estamos en medio, somos unos meros intermediarios, entre la Sareb y los compradores», sostiene Molina.