Hablan los vecinos del Parador de Añoreta: «Han sacado a subasta 50 viviendas que están okupadas»

«Lo que hemos pasado aquí da para escribir varios libros, es una pesadilla», cuenta este malagueño, quien reconoce que el embrollo, lejos de solucionarse, se ha complicado aún más en los últimos días. Dentro del proceso de liquidación de los activos de la que está considerada como la mayor quiebra del sector inmobiliario en Málaga y una de las mayores del país, han salido a subasta casi la mitad de las viviendas de la urbanización, «pero están todas okupadas», advierte Becerra. El principal acreedor de estos activos es el llamado 'banco malo', la Sareb.

«Después de tantos años de sufrimiento y batalla, nos coge por sorpresa a los que tenemos contrato es ver una subasta de 50 viviendas que tienen inquilinos, gente viviendo dentro, es algo que nos llama mucho la atención», explica este malagueño, que adelantó 90.000 euros por un inmueble en otra promoción que no llegó a ejecutarse. «Cuando me enteré del concurso de acreedores me fui a la sede de Aifos y negocié para que me entregaran una casa, tengo un contrato de compra-venta en vigor, pero no puedo escriturar, porque me piden 170.000 euros y no me reconocen lo que ya anticipé, ni me quieren hacer ninguna rebaja», cuenta Becerra.

«El edificio está mal, no tiene ascensores, no está terminado, no tienen todo lo que necesita un edificio. Ha subsistido durante más de 15 años gracias a los 15 ó 20 vecinos que hemos estado al pie del cañón, si no esta urbanización estaría clausurada», añade. Para Becerra, la subasta de las 50 viviendas se hace a precios de mercado, como una vivienda normal, pero es que nadie sabe la situación real«, apostilla. »Cada uno que valore, pero comprar una vivienda es, como mínimo, arriesgado, es una situación muy compleja«, considera.

Como él hay alrededor de otros 40 vecinos, que en 2015 formalizaron por escrito su intención de comprar, pero que no han conseguido tampoco que los administradores concursales rebajen la cantidad que les piden por escriturar sus inmuebles, a pesar de haber anticipado dinero, con cantidades que oscilan entre los 30.000 y los mencionados 90.000 euros.

Según cuenta otro de los afectados, Daniel González, que vive y trabaja en Madrid y tiene alquilada su vivienda, los contratos de compra-venta «siguen vigentes y ellos lo reconocen, pero no podemos escriturar las viviendas, y llevamos más de 15 años en este limbo legal». «Prefieren sacar a subasta las viviendas que no tienen contratos de compra-venta en vigor a precios desorbitados, con deudas de casi 10.000 euros por vivienda en IBI, en un estado lamentable después de 15 años abandonadas a su suerte, sin ascensores y, lo que es peor, okupadas desde hace años», sostiene.

Los residentes aseguran que en el resumen de tasación «tienen la desfachatez de decir que 'se desconoce cuál es el estado de ocupación del inmueble', cuando saben perfectamente que todas esas viviendas están okupadas, al margen de las que poseemos los propietarios con contrato de compraventa en vigor». «Vamos a colocar otra vez una pancarta para advertir a los posibles compradores interesados de esta situación», anticipa Becerra. El bloque tiene una zona de garajes sin terminar, al igual que los bajos comerciales. En uno de ellos se está instalando un concesionario de coches.

Por su parte, David Anguita es uno los apenas diez vecinos que tienen escritura de su vivienda. «Para poner a funcionar los ascensores tendríamos que poner una derrama de 500 euros por vecino, y no está la situación para eso», opina este propietario, quien destaca que desde hace unos años la convivencia en el bloque «es muy buena, en general». «Apenas hay deudas de comunidad, pero claro el que quiera pujar tiene que pagar los IBI atrasados, que son una media de 8.000 euros, plusvalías y demás gastos, además de tener que hacer frente a que estas viviendas están okupadas», insiste.

Por su parte, este periódico conversó con varios de los okupas, que no han tenido inconveniente en que aparezcan sus nombres en este reportaje. Sin embargo, declinaron posar para una fotografía o contarlo en un vídeo. Así, Juan Antonio García asegura llevar dos años viviendo con una hija de cinco años, y apunta que el piso «es de mi primo, él me dio la llave». Antonio Molina explica que él «pagaba un alquiler, pero que después mi casero me dijo que no tenía que seguir dándole dinero». «Seguro que recuperó lo que adelantó y se desentendió, el mío no ha salido a subasta», dice.

No es la primera vez que este edificio de la urbanización Añoreta es noticia. En octubre de 2019 la administración concursal ya puso a la venta trasteros y garajes del inmueble. Entonces los vecinos también se movilizaron para denunciar que en algunos casos se estaban comercializando inmuebles que aparecían en los contratos de compra-venta «válidos y en vigor». Al año siguiente, en noviembre de 2020, el bloque fue también portada por una macrooperación policial contra el tráfico de drogas que se saldó con una veintena de detenidos.

Por su parte, el administrador concursal, Nicolás Molina, explica que la subasta forma parte del proceso de liquidación de los activos de Aifos, «como único camino para regularizar la situación». «Sabemos que hay mucha okupación ilegal, pero lamentablemente nunca hemos tenido dinero para tener vigilancia las 24 horas y el banco acreedor, la Sareb, no ha querido apoyarnos», argumenta. A su juicio, la urbanización «está en un sitio ideal, es una zona buena». «Vamos a ver cómo sale el proceso de subasta, si no se venden, puede pasar que se las quede la Sareb y que, a su vez, las vuelva a poner en el mercado», apostilla.

Respecto a los vecinos que tienen contrato de compra-venta en vigor, Molina asegura que la Sareb no ha aceptado, hasta ahora, ninguna de las quitas que reclaman, por lo que el procedimiento continúa abierto. No obstante, ha apuntado que han presentado ya varias demandas contra algunos de estos compradores para pedir al juzgado que autorice la resolución de los contratos. «Nuestra labor como administradores concursales es liquidar todos los activos y pagar los créditos contra la masa», agrega, al tiempo que apunta que el plan de liquidación de 2018 se ha ido prorrogando.