«Se colige sin dificultad que el acuerdo contiene elementos bastantes para conocer las razones en las que la comisión sustenta su valoración del bien expropiado. Y, siendo esto así, no cabe alegar válidamente que la motivación expresada en el acuerdo sea inexistente o escasa, ni que esa pretendida insuficiencia de motivación haya podido originar indefensión en sentido material a la parte recurrente; por el contrario, ésta ha dispuesto de suficientes elementos de conocimiento para poder impugnar fundadamente el acuerdo de valoración adoptado por la Comisión de Expertos», sostiene el Alto Tribunal en su sentencia, a la que ha tenido acceso SUR.
El Ayuntamiento presentó este recurso de casación tras su disconformidad con el valor de tasación fijado por el comité de expertos, avalado por el fallo anterior del TSJA tras una primera sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo. Para ello, aportó varios informes técnicos y jurídicos que lo cifraban en torno al millón de euros. Cuando se inició el procedimiento, hace más de una década, la tasación municipal fue de 91.000 euros.
Por su parte, Manuel Laza, uno de los dueños de la gruta, ha mostrado a SUR su «satisfacción» por esta resolución judicial. «Se podría haber evitado, ya dije que no se tendría que haber llegado a este extremo, que había que poner en marcha una fundación, gestionada por el Ayuntamiento, en la que se integrase o mantuviese la familia propietaria», ha manifestado Laza.
Prórroga del alquiler hasta 2024
Según este copropietario de la cavidad, junto a cuatro de sus hermanas y otros cuatro sobrinos, a partir de ahora van a esperar a ver qué posición adopta el Ayuntamiento, «aunque entendemos que tenemos derecho a reclamar los 4,9 millones y los intereses desde 2016, que suman otro 1.600.000 euros, lo que pueden ser en total unos 6,6 millones», ha apostillado. En junio de 2021 el Ayuntamiento y la familia firmaron un contrato de prórroga del alquiler que se inició en 1991 por un periodo de dos años, prorrogable a un tercero, a razón de 24.000 euros anuales.
«En principio se podría respetar, pero hay una cláusula que estipulaba que se mantendría hasta que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo», ha apuntado Laza, para quien el Ayuntamiento rinconero «ha actuado de manera rácana, tratando de burlar la ley, desde que nos inhibimos y aceptamos la tasación que fijó el comité de expertos que consensuamos las dos partes», ha considerado.
Por su parte, fuentes municipales han replicado a este periódico que el Ayuntamiento «va a acatar la sentencia, contra la que no cabe recurso». Además han apuntado que van a «mantener la negociación» con la familia Laza para completar el pago de la cantidad fijada por los tribunales. Para ello, han argumentado que el Consistorio ha sido «previsor» y ya ha contemplado esta cifra en el «fondo de ordenación» que ofrece el Gobierno central para a los ayuntamientos pagar sentencias judiciales firmes.
Así, han puntualizado que en el acuerdo de prórroga del pasado año ya se estipuló una cantidad para empezar a abonar mensualmente el coste de la expropiación conforme a la tasación inicial, de 91.000 euros, a razón de 30.000 euros anuales. «La Cueva va a seguir abierta», han resaltado las fuentes del gobierno tripartito, de PP, Cs y PMP.
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