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El PSOE, con 5 ediles; IU (3) y Por Mi Pueblo (2), unirán los votos que suman en el próximo pleno de la Corporación para ... solicitar una comisión de investigación sobre el funcionamiento y los gastos de la Unidad Canina de la Policía Local; queda por ver si Vox, que tiene un par de asientos los respalda. ¿El motivo? La «presunta ilegalidad» del servicio, tal y como explicó el portavoz socialista, Antonio Sánchez, puesto que, dijo, se basa en un acuerdo que es inusual y está caducado desde 2021.
Sánchez sostiene que el tipo de colaboración, alcanzada en octubre de 2020, fecha de creación de la unidad, a través de las figuras de un «comodante», el agente propietario del perro, y el «comodatario», el que por entonces era concejal de Seguridad Ciudadana y ahora primer teniente de alcalde, Borja Ortiz, «es, quizás, el único contrato de este tipo en el Ayuntamiento» y no cuenta, asegura, con respaldo de la Secretaría y la Intervención Municipal. Además, según Sánchez, en el convenio, consta que su duración es de un año y, sin embargo, este no se ha renovado. A pesar de ello, se mantienen cláusulas como que la Administración local corre con gastos corrientes del animal.
Rocío Calderón, de IU, ahondó en aspectos como que el policía que es propietario del animal percibe emolumentos por su trabajo en la Unidad Canina, que se suman al de su turno normal. Otra cuestión que ha salido a relucir es que el perro, a pesar de que en el acuerdo consta como cedido al Ayuntamiento, no está en instalaciones municipales.
Y a estas críticas, se sumó la de José María Gómez, de Por Mi Pueblo, que, tras exhibir una foto de Borja Ortiz con el perro, se pregunto el motivo de que un concejal estuviera paseando a un can con labores policiales.
Desde el Ayuntamiento, la respuesta a las críticas vertidas por tres de los cuatro grupos de la oposición municipal es tajante. En primer lugar, afirman, el acuerdo de colaboración, es legal y está en vigor. Además, dejan claro desde el equipo de Gobierno, es un convenio similar al que tienen establecidas otras unidades caninas operativas en distintos municipios.
Sobre el hecho de que sea la Administración local la que corra con los gastos del perro, precisan que, en lo que respeta a su alimentación, esta la asume una marca de comida, en virtud de un patrocinio gestionado por el agente propietario del animal, aunque, efectivamente, sí se abonan otras facturas, tanto relativas a necesidades del perro como a labores del agente cuidador, lo que, dejan claro, es norma habitual para el personal de cualquier administración local que tiene, por ejemplo, que realizar cursos de mejora de su capacitación profesional.
Al hilo de la foto, se extrañan de su utilización como arma de crítica política, ya que, apuntan, fue tomada durante unas celebraciones del patrón de la Policía Local, en un contexto distendido. Otra cuestión es la del salario del policía cuidador del perro, que, como precisan, se abona conforme a su jornada habitual y las posibles horas extras, «como a cualquier trabajador municipal». A ello, hay que añadir, como aclaran, una única gratificación que fue concedida debido al aumento en los alijos de droga, detectados por el perro, puesto que esta es su especialidad. Esta práctica, insisten fuentes municipales, tampoco es extraordinaria en caso de gran rendimiento del personal municipal.
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