El curso empieza con conflicto por el transporte escolar en La Cala

Otro de los hogares afectados es el de Alicia, que se ha mudado y tras ese cambio de casa sus hijos, que llevan ya cuatro años en el colegio, no pueden hacer uso ya del servicio de transporte como venían haciendo en cursos anteriores. Consideran que en la decisión de qué niños pueden ir en autobús y cuáles hay cierta «arbitrariedad»: «Depende de a quien le reclames y de quien te atienda. A veces lo que pasa es que los padres dicen que apunten a sus hijos en una parada, pero en realidad la suya es otra y el autobús les recoge en esa otra».

¿Qué hay de fondo? De acuerdo con un comunicado elaborado por las familias afectadas, el problema se arrastra desde el curso pasado. Entonces, en el último periodo de matriculación, el centro distribuyó una nota entre las familias informándoles de que «el alumnado que accedía por primera vez al servicio de transporte sólo podría hacer uso de las paradas radicadas en La Cala del Moral». Se trataba de una instrucción que acataba el centro y que procedía de la Consejería de Educación de la Junta. Ello implica que niños que acuden al CEIP María del Mar Romera pero que viven en Chilches, Rincón de la Victoria o en Torre Benagalgón no tienen garantizado el servicio de transporte.

SUR ha tratado de hablar con el centro, pero éste remite a la delegación de Educación de Málaga. Y desde esta última institución declaran que «el servicio de transporte escolar no es en absoluto arbitrario»: «Se encuentra regulado por el Decreto 287/2009, en el que se establece que la Consejería competente en materia de educación determinará los centros docentes receptores de alumnado con derecho a la prestación gratuita de transporte escolar, por etapa educativa y zona de residencia». «Es este criterio el que se aplica para la concesión del servicio», inciden, para detallar que, en el caso de la residencia, «se toma en consideración la distancia desde el domicilio hasta el centro en el que se encuentra matriculado el alumnado, que en ningún caso puede ser inferior a los dos kilómetros, además de no existir otro centro más cercano, y con disponibilidad de plazas, al domicilio, o a la parada solicitada».

Ante estas explicaciones, que son las mismas que el colegio ha dado a las familias, éstas alegan que en la Junta de Andalucía impera la libre elección de centro, y que el colegio se rige por unos principios -trabajan por proyectos, no por libros de texto- que son los que les motivaron a matricular ahí a sus vástagos. «Están tratando de intervenir en la libertad de elección de centro educativo», resaltan. «La Junta quiere que cambiemos a nuestros hijos de colegio, pero no tiene en cuenta ni la integración de nuestros hijos en el centro, ni que se trata de un centro con un proyecto pedagógico único en la zona, muy atractivo para nuestras familias», añaden.

Y, por otro lado, apuntan que si bien en teoría cada colegio público ofrece un servicio de transporte para su área de influencia -La Cala del Moral, en este caso-, en la práctica se hacen «excepciones arbitrarias» y que fuera de su ámbito «sigue habiendo paradas en funcionamiento, aunque no para todos». Al tiempo que insisten en que su localidad, Chilches Costa, no tiene centro educativo alternativo.

La Delegación de Educación se extiende en sus explicaciones: expone que en cada mes de marzo los centros publican las paradas disponibles para el alumnado y que si hay alguna a extinguir se avisa de ello. Estas paradas, precisan desde la institución, «no están a disposición de nuevos usuarios del servicio de transporte». «En el caso del CEIP María del Mar Romera, además de la advertencia establecida en el proceso de matrícula electrónica, el centro comunicó a las familias de la existencia de estas paradas en la reunión de admisión. La única excepción que se establece en ellas es la existencia de hermanos en el centro que sean usuarios de dichas paradas con carácter previo a su extinción», se justifica el centro.

Pero, para los padres, «la aplicación de esta medida se traduce a diario en que niños que comparten centro de estudios y localidad de residencia no acceden al transporte en igualdad de condiciones». Además, muestran también su incomprensión ante el hecho de que si bien se trata de paradas en vías de extinción, podrían seguir usándose siempre que haya asientos en el autobús, como es el caso. «Tampoco nos han dicho cuál es la fecha de esa extinción», lamentan. Y, de manera más técnica, apuntan que el decreto que regula el transporte escolar no prevé la extinción del servicio ni cómo debe hacerse. «Tampoco el centro ha desarrollado ningún reglamento que contemple esta situación y nos permita conocerlo o recurrirlo si no estamos de acuerdo. Mi pequeño y el de María, que van a infantil de tres años, tienen compañeros que pueden usar el autobús porque tienen hermanos que lo usaban, ¿habrá autobús los nueve cursos que les quedan y unos sí podrán usarlo y otros no? En el caso de Alicia, sus dos hijos eran usuarios, pero han perdido el servicio de autobús por haber tenido que mudarse», explica Jaime, que añade: «Encima hay plazas libres: la ruta de Chilches tiene 46 niños y hemos calculado que el autobús tiene 60 asientos».

«Las familias perjudicadas reclaman el ejercicio de un derecho que permitirá que sus hijos no padezcan ninguna desigualdad y que les ayudará a conciliar en mejores condiciones la vida laboral con la familiar y personal. El uso diario del transporte escolar permite ganar 40 minutos a la hora en la que los niños acceden al centro y media hora en el momento de recogida, un tiempo que es vital para la organización diaria de las familias», exponen.

Manuela, por ejemplo, explica que a su familia se le comenzarán a complicar las cosas una vez en diciembre tenga que volver al trabajo tras una excedencia. Y, mientras, Alicia lamenta que una mudanza provocada por la hinchazón de los precios inmobiliarios les ha dejado a sus hijos sin transporte escolar. Alicia, además, reclama intervención al Consistorio de Rincón de la Victoria: «Presumen de sus planes de movilidad sostenible y de su preocupación medioambiental, pero por cada familia que no puede utilizar el acceso escolar, hay un coche más en la carretera».