El PSOE pide revocar la licencia de obras de la polémica subestación eléctrica de Torrox

En este contexto, el grupo municipal socialista en la oposición ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Torrox en el que solicita un informe jurídico «para analizar el procedimiento que se llevó a cabo para la aprobación del proyecto de actuación previo a la concesión de licencia de obras para la subestación eléctrica».

El concejal socialista, Javier Villena, ha explicado en un comunicado que durante el proceso para la concesión de la autorización a Endesa para la construcción de esta infraestructura «se produjo un cambio en la legislación urbanística en Andalucía». «El procedimiento para la aprobación del proyecto de actuación se inicia en base a la Ley 7/2002 que establece que la aprobación definitiva de dicho proyecto debe realizarse por acuerdo de pleno», ha explicado el edil del PSOE, quien ha considerado que, en este caso, el alcalde de Torrox, óscar Medina, «aprueba el proyecto de actuación por decreto de Alcaldía número 2022-0659 amparándose en lo que establece la legislación posterior, la LISTA, pese a que la tramitación debió completarse mediante la legislación con la que se inició el procedimiento», ha apostillado.

Por ello, ha dicho Villena «desde el PSOE entendemos que la aprobación del proyecto de actuación podría declararse nula y, por ende, anularía los procedimientos posteriores». «Ante estas circunstancias solicitamos un informe jurídico que permita poner este asunto en manos del Consejo Consultivo de Andalucía para que elabore el dictamen correspondiente», ha expresado. En su escrito, el PSOE, también reitera «la necesidad de informar sobre cada uno de los pasos que se den a la plataforma de vecinos contra la subestación eléctrica» y que «se garantice el derecho a la participación de los concejales de la oposición en el Ayuntamiento».

Por su parte, el pleno aprobó a mediados del mes «buscar alternativas» a la ubicación de la subestación eléctrica. Sin embargo, las obras prosiguen. El pleno acordó por unanimidad «crear un grupo de trabajo y el gobierno del PP aludió a »un informe jurídico que advierte de prevaricación si se anula la licencia concedida a Endesa«. Así, el gobierno local del PP, con mayoría absoluta, volvió a votar favorablemente a la propuesta de buscar nuevas alternativas a la ubicación de la subestación, «porque nosotros estamos con los vecinos y tampoco queremos esa ubicación, pero todo esto es el resultado de un conjunto de pasos que se han ido dando a lo largo de los años, desde que por parte del Ayuntamiento se adquiriese ese compromiso mediante la firma del convenio en el año 2005 y en 2008 se concedieran licencia e iniciasen los trámites para el desarrollo del proyecto de actuación», dijo el portavoz municipal del PP, José Manuel Fernández.

El informe jurídico asegura, según el edil torroxeño, que «la ausencia absoluta de cualquier dato que justifique los criterios de interés público a considerar para la revocación podría dar origen al ejercicio de la acción penal por los perjudicados por un posible delito de prevaricación administrativa». Además añade que para la revocación de la licencia «no concurren los requisitos del artículo 306 del decreto 550/2022 desde la perspectiva de la revisión de la licencia por motivos de legalidad, porque no se ha producido ningún cambio en el planeamiento urbanístico que es el supuesto que regula el precepto y que la licencia pudiera ser contraria a este».

Igualmente, según el gobierno del PP, el informe añade que la adopción de un acuerdo revocatorio de la licencia «a sabiendas de su ilegalidad conllevaría, además de que dicho acuerdo sería nulo y, en consecuencia, daría al posible perjudicado el derecho a reclamar los daños y perjuicio irrogados, pudieran ser constitutivos de un delito del artículo 404 del Código Penal, puesto que el dictado del acuerdo supone una absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran».

La propuesta aprobada contemplaba asimismo la constitución y puesta en marcha de un grupo de trabajo compuesto por personal técnico, político y representantes de colectivos afectados, «que disponga de toda la información con máxima transparencia» y exigir a la empresa competente «el soterramiento de las líneas de media y alta tensión que transcurran por el entorno de los centros educativos». En este sentido, Fernández dijo que ya se han mantenido contactos con Endesa y que se convocaría una reunión entre ambas partes para abordar este asunto.