La plataforma vecinal contra la nueva subestación eléctrica de Torrox mantiene sus movilizaciones

Así, según este experto, la legislación actual «está obsoleta y no tiene en cuenta los riesgos que una exposición prolongada en el tiempo a los campos electromagnéticos puede conllevar, entre los que se encuentran la leucemia infantil, como aseguran numerosos expertos y estudios publicados como el del doctor Soto, de la Universidad de Guadalajara, quien denuncia que los trastornos en niños pueden ir desde el déficit de memoria, la falta de concentración y hasta casos de leucemia», han argumentado desde el colectivo ciudadano en un comunicado.

Mientras tanto, desde la plataforma vecinal, han denunciado que el Consistorio torroxeño, gobernado con mayoría absoluta por el PP, acaba de aprobar más de 31,5 millones de presupuesto para 2024, más otros doce de remanente de tesorería, «pero sigue sin atender la demanda ciudadana de ofrecerle a Endesa una alternativa para paralizar las obras». «También rechazan acogerse a los resquicios legales que podrían llevar a declarar nula la licencia», se ha lamentado uno de los portavoces del colectivo vecinal, Antonio Ruiz.

De esta forma, varios integrantes de la plataforma quisieron hacerle llegar al alcalde torroxeño, Óscar Medina, durante el pleno del pasado 29 de enero, en el que se aprobaron dichos presupuestos, «un dosier con estudios médicos sobre el tema, a modo de protesta silenciosa ante su total inacción». «La tensión se hizo evidente durante la jornada llegando el edil a amenazar con expulsar a uno de los integrantes del colectivo», han explicado desde la organización vecinal.

Por otro lado, la plataforma ha desvelado que no se rinde e insiste: «solo estamos defendiendo la salud de nuestros hijos, su futuro y exigimos a las autoridades que apliquen el principio de prevención según la resolución 1.815 del Consejo de Europa». Los vecinos movilizados están estudiando realizar nuevas acciones de protesta, mientras confían en que la Fiscalía que está investigando el caso «se pronuncie favorablemente y paralice las obras cuanto antes».

Por su parte, el principal partido de la oposición, el PSOE, solicitó revocar la licencia de obras de la polémica subestación eléctrica de Torrox. Los socialistas pidieron parar cautelarmente los trabajos ante la posibilidad de poder declarar nulo el proyecto de actuación previo al permiso. Esto mismo lo ha solicitado ya también la Plataforma Ciudadana. Por su parte, fuentes municipales han asegurado que el expediente de todo el proyecto «siempre se ha analizado y revisado con lupa por parte de los técnicos del Consistorio torroxeño».

Por su parte, el pleno aprobó a mediados del pasado mes de octubre «buscar alternativas» a la ubicación de la subestación eléctrica. Sin embargo, las obras prosiguen. El pleno acordó por unanimidad «crear un grupo de trabajo y el gobierno del PP aludió a «un informe jurídico que advierte de prevaricación si se anula la licencia concedida a Endesa». Así, el gobierno local del PP volvió a votar favorablemente a la propuesta de buscar nuevas alternativas a la ubicación de la subestación, «porque nosotros estamos con los vecinos y tampoco queremos esa ubicación, pero todo esto es el resultado de un conjunto de pasos que se han ido dando a lo largo de los años, desde que por parte del Ayuntamiento se adquiriese ese compromiso mediante la firma del convenio en el año 2005 y en 2008 se concedieran licencia e iniciasen los trámites para el desarrollo del proyecto de actuación», dijo el portavoz municipal del PP, José Manuel Fernández.

El informe jurídico asegura, según el edil torroxeño, que «la ausencia absoluta de cualquier dato que justifique los criterios de interés público a considerar para la revocación podría dar origen al ejercicio de la acción penal por los perjudicados por un posible delito de prevaricación administrativa». Además añade que para la revocación de la licencia «no concurren los requisitos del artículo 306 del decreto 550/2022 desde la perspectiva de la revisión de la licencia por motivos de legalidad, porque no se ha producido ningún cambio en el planeamiento urbanístico que es el supuesto que regula el precepto y que la licencia pudiera ser contraria a éste».

Igualmente, según el gobierno del PP, el informe añade que la adopción de un acuerdo revocatorio de la licencia «a sabiendas de su ilegalidad conllevaría, además de que dicho acuerdo sería nulo y, en consecuencia, daría al posible perjudicado el derecho a reclamar los daños y perjuicio irrogados, pudieran ser constitutivos de un delito del artículo 404 del Código Penal, puesto que el dictado del acuerdo supone una absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran».

La propuesta aprobada contemplaba asimismo la constitución y puesta en marcha de un grupo de trabajo compuesto por personal técnico, político y representantes de colectivos afectados, «que disponga de toda la información con máxima transparencia» y exigir a la empresa competente «el soterramiento de las líneas de media y alta tensión que transcurran por el entorno de los centros educativos». En este sentido, Fernández dijo que ya se han mantenido contactos con Endesa y que se convocaría una reunión entre ambas partes para abordar este asunto.