Propietarios de casas irregulares de la Axarquía piden al nuevo gobierno de la Junta que sea «más valiente»

Propietarios de viviendas irregulares ubicadas en suelo no urbanizable en la Axarquía, principalmente extranjeros e integrados en la Asociación Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía (SOHA), han pedido a la Junta que sea «más valiente» y que cumplan con las expectativas que el nuevo ejecutivo andaluz había generado en este colectivo. Así, el portavoz del colectivo y actual alcalde en funciones de Alcaucín, el belga Mario Blancke, ha indicado que las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno para ampliar el número de construcciones irregulares que pueden acceder a los servicios básicos se quedan «cortas o incluso desfasadas», al menos para la Axarquía.

Otros colectivos como la Asociación por la Regularización de las Viviendas en Mijas han recordado que aunque muchas casas se construyeron sin licencia llevan años pagando todos sus impuestos y disfrutando de servicios de luz y agua, además de retirada de basura e incluso de mantenimiento de jardines. «Lo que nos preocupa es que no estamos legalizados, porque hemos sido objeto de expedientes», ha indicado José Antonio Blanco, miembro de AVR Mijas. Sólo en esta localidad malagueña se estima que existen unas 3.500 viviendas irregulares

Aunque la ampliación del reconocimiento de la figura de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) que ha anunciado la Junta es «una vieja reivindicación de SOHA« para las viviendas ubicadas en asentamientos o urbanizaciones irregulares, el colectivo considera no pueden conformarse con »una regularización que no es otra cosa que una vivienda ilegal de la cual ha transcurrido el plazo de prescripción«.

En este sentido, SOHA sigue aspirando al reconocimiento de «Legal Fuera de Ordenación», y en este sentido, ha puntualizado que en su municipio más de una decena de viviendas ya han recibido esta catalogación con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía.

Para Blancke, estas viviendas están amparadas, en la mayoría de los casos de la Axarquía, por un acto administrativo, la concesión de la licencia de obras y de primera ocupación, y han sido adquiridas por «compradores de buena fe» que abonaron todas las tasas e impuestos municipales reclamados por los ayuntamientos.

«Los propietarios estuvieron convencidos de que estaban dentro de la más estricta legalidad y el legislador no puede dar la espalda a la realidad de estas edificaciones, la gran mayoría construidas hace ya un número considerable de años«, ha indicado.

El portavoz de SOHA ha declarado que hay que buscar una solución a las casas que han visto anuladas sus licencias a través de acciones judiciales de la propia Junta, «después de haber mirado durante más de una década para otro lado».

Ha anunciado que este jueves tiene previsto reunirse con el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Ordenación del Territorio, Juan de Dios Sánchez.

El problemas de las viviendas recogidas en asentamientos es que para su legalización (no regularización), según Blancke, tenían que esperar su inclusión en el PGOU, pero los plazos interminables han provocando que en algunos lugares estas viviendas se quedaban sin suministros básicos. Esta situación, según SOHA, se repite sobre todo en Almería, Chiclana, Córdoba y Jaén.

La Axarquía sin embargo no tiene este problema porque la casi totalidad de las viviendas construidas en el suelo no urbanizable cuentan con todos los permisos municipales y por lo tanto, al finalizar la construcción, han podido acceder a todos estos suministros.