Premian un estudio que plantea mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad de la depuradora de Nerja

Con ello ha dejado de tener el dudoso honor de seguir siendo el único gran municipio del litoral malagueño que continuaba vertiendo sus aguas residuales al mar sin ningún tipo de tratamiento previo. El hito ha llegado casi cinco años después de lo contemplado en el contrato suscrito con la empresa inicialmente adjudicataria de las obras, Isolux-Corsán-Corviam. La quiebra de esta firma en 2017 hizo peligrar su terminación.

Sin embargo, tras resolverse estos problemas, así como otros relacionados con cuestiones técnicas del proyecto, los trabajos finalizaron el pasado año, entrando en pruebas en la jornada del pasado 27 de octubre. Por delante quedan todavía casi cuatro meses hasta que la planta pase a ser gestionada, previsiblemente, por la empresa concesionaria del abastecimiento y el saneamiento del municipio, Aguas de Narixa S. A., participada al 50% entre el Ayuntamiento y Aqualia. La planta tiene capacidad para tratar hasta 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, con un sistema terciario para su posible reutilización en regadío.

Aunque las administraciones públicas han destacado, durante los años de ejecución, que la estación cuenta con los últimos avances tecnológicos, al ser una planta cerrada, lo que, en principio, tiene que implicar que no haya olores, un investigar valenciano, Francisco Casas, ha elaborado un trabajo en el que plantea cinco alternativas para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de la estación. El trabajo ha sido premiado recientemente en la tercera edición de los Premios de la Cátedra DAM en el ámbito de la gestión integral y la recuperación de recursos de aguas residuales.

«Cuando analicé el proyecto técnico me di cuenta de que la propuesta no recuperaba tanto la energía de la biomasa ni tampoco los nutrientes para la agricultura», explicó el investigador, de 40 años, que ha elaborado el estudio como un trabajo de fin de máster en ingeniería ambiental en la Universidad Politécnica de Valencia.

Mediante el uso del 'software' informático 'DESASS', Casas propone cinco alternativas técnicas de diseño de los sistemas de tratamiento de la planta de Nerja, que mediante este programa «se optimizan para valorar la viabilidad técnica de cada una de ellas». Así, el trabajo calcula el coste de explotación y el coste de inversión para cada una de las alternativas, que permiten valorar «cuál de ellas resulta más viable económicamente, siempre y cuando no se haya descartado alguna por ser inviable técnicamente o por otras razones justificadas», apostilló.

«Es un trabajo académico y los costes no son del todo reales, porque son una estimación», advirtió el investigador, quien explicó que «en ningún momento pude consultar los precios de empresas pero sí que son comparables entre las cinco alternativas de diseño«.

Así el principal objetivo del trabajos es la recuperación de los recursos de las aguas residuales «en concordancia con el concepto de economía circular del agua, la reutilización del agua regenerada del tratamiento terciario y la reducción de los impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas». «La planta tiene un depósito para almacenar hasta 10.000 metros cúbicos de aguas residuales, espero que se puedan emplear en la agricultura de la zona«, dijo. »Habrá que ver qué uso dan a los lodos que se producen en la planta con el sistema que plantean en el proyecto«, apostilló.

El estudio, que ha sido dirigido por el investigador del grupo CALAGUA y subdirector de IIAMA-UPV Ramón Barat, analiza además, en una primera parte, el estado actual de la depuración de las aguas residuales en España, que se encuentra en el último año del segundo ciclo del Plan Hidrológico Nacional (2015-2021).

El trabajo aborda la situación de las medidas contempladas en el Plan DSEAR para conocer el grado de cumplimiento, así como la inversión ejecutada. Además, también ahonda sobre la ejecución de las medidas adoptadas en las nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes que fueron sancionadas en 2018 por la Comisión Europea por la falta de depuración: siete en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa), una en Asturias (Gijón Este) y una en Canarias (Valle Güimar).

«El Estado español lleva acumulados aproximadamente 50 millones de euros de multa de la Unión Europea por los cuatro semestres de retraso y por la multa inicial desde 2018, que podrían aumentar si no hay un mayor compromiso por parte de las comunidades autónomas y del Gobierno central«, consideró el investigador.