Piden que la nueva Ley Urbanística no deje fuera a los dueños de casas irregulares que cumplieron los trámites

Agustín Peláez

Miércoles, 12 de junio 2019, 17:00

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El presidente de Asociación Salvemos Nuestras Casas Axarquía (SOHA), Philip Smalley, acompañado de sus portavoces del colectivo Fernando Montero y Mario Blancke, han trastadado al secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez Istría, y al director general de Ordenación del Territorio de la Junta, José María Morente del Monte, un decálogo de propuestas para que el nuevo gobierno de la Junta estudie su inclusión en el Decreto que se está redactando, o en su caso, en la nueva Ley de Ordenación Urbanística andaluza, también en fase de borrador.

SOHA, que agrupa a propietarios de viviendas irregulares construidas con licencia municipal en suelo no urbanizable, en su mayoría residentes extranjeros, ha pedido que la normativa distinga entre los dueños que no contaron con licencia y los propietarios que cumplieron con todas las exigencias municipales y que por lo tanto poseen las licencias de obras y de primera ocupación. En este sentido han reclamado que se mantenga la vigencia de estos títulos a través de la figura de Legal Fuera de Ordenación.

«También hemos trasladado el caso de propietarios en las mismas condiciones pero con sus licencias declaradas nulas por un procedimiento judicial», ha señalado el presidente de SOHA, Philip Smalley, para quien ha sido la Audiencia Provincial de Málaga la que ha abierto la posibilidad de la regularización de estas viviendas a través de la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación. «Sería, en todo caso, el mal menor para los afectados», según Smalley.

La reunión mantenida ayer con el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio y el director general de Ordenación del Territorio ha servido sobre todo, según Samlley, como un primer acercamiento de la asociación con los nuevos responsables de la Junta en la materia. El colectivo reivindica su condición de interlocutor válido con la Administración, ya que representa a numerosos afectados en la Axarquía, entre andaluces y residentes extranjeros.