Nuevo paso en el proceloso trámite burocrático para hacer realidad el ansiado proyecto de una desaladora pública en la Axarquía, la comarca malagueña más azotada por la extrema sequía desde hace un lustro. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición ... Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado este martes la adenda número uno de modificación del convenio de gestión directa de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que permitirá, entre otras actuaciones, la futura planta desaladora que se ubicará en Vélez-Málaga.
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Cabe recordar que hace apenas unas semanas la Junta de Andalucía y el Gobierno central volvieron a reunirse para seguir avanzando en los trámites de una actuación que, con suerte, podría ser una realidad en el horizonte de 2028, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Así, tal y como publicó SUR, el anteproyecto podría estar a finales de este año. Los agricultores, de la mano de la Junta, han iniciado la tramitación de las solicitudes y entregarán los estudios al Gobierno central, que se encargará del proyecto final y de las obras. La planta será mixta, para riego y consumo urbano, por lo que los regantes quieren que la empresa pública Axaragua entre en los convenios que se están preparando.
Así, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía y de Axaragua, Jorge Martín (PP), ha explicado a este periódico que van a solicitar el 50% de la concesión máxima de 25 hectómetros cúbicos para destinarlos a abastecimiento, mientras que los 12,5 restantes serían para el regadío del Plan Guaro. La inversión prevista en la planta desaladora de la Axarquía ronda los cien millones de euros, que aportaría el Estado, procedentes de los fondos europeos, pero que luego los agricultores y vecinos tendrían que devolver en forma de canon a Acuamed.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, se ha felicitado por este nuevo paso burocrático para hacer posible la ejecución de la ansiada planta desaladora. «Esto permite seguir con los trabajos que ya se habían iniciado, como la constitución de la Junta Central de Usuarios, después de que la Junta de Andalucía empleara ocho meses en decidir la ubicación rechazara participar en la redacción del proyecto, como sí hicieron en otras comunidades de España», ha expresado Salas, quien ha destacado que la infraestructura será posible «gracias al compromiso del Gobierno del Pedro Sánchez, ante la falta de compromiso de la Junta para ejecutar inversiones importantes en la Cuenca Mediterránea Andaluza, que es de su exclusiva competencia».
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Al margen de la planta axárquica, el acuerdo del Consejo de Ministros establece que esta modificación del convenio de Acuamed va a permitir la interconexión de las desaladoras de agua de mar de interés general en la cuenca del Segura; la reutilización de las aguas depuradas de la EDAR Monte Orgegia de Alicante; la mejora del aprovechamiento de las aguas regeneradas procedentes de las EDARs de Orihuela Costa y Torrevieja, también en Alicante, y actuaciones de desalación en el levante almeriense, con la planta de Bajo Almanzora II, en Almería.
Por otro lado, el acuerdo también contempla iniciar la ejecución de la desaladora de Foix y las obras de ampliación de la planta de Tordera en Cataluña. La inversión total asciende a 513 millones: 223 millones para la situada en la provincia de Barcelona y 290 millones para la de la provincia de Girona. Según han informado desde el Ejecutivo socialista en un comunicado, «la financiación de ambas plantas se hará con fondos europeos, en concepto de créditos que deberán devolverse, en virtud del principio de recuperación de costes que establece la normativa europea en las infraestructuras del agua».
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El objetivo de la ampliación de Tordera es la reducción progresiva del trasvase del Ter a Barcelona, con un incremento de las reservas que permitirán más caudal ambiental, autosuficiencia en la provincia de Girona y reducción de extracciones de los acuíferos del Maresme y Tordera. Con la ampliación de Tordera se pasará a tratar 60 hectómetros cúbicos de agua al año, lo que permitirá multiplicar por tres la actual capacidad de desalación. El plazo de ejecución estimado de las obras de ampliación es de 50 meses, por lo que previsiblemente finalizarán en 2028.
«La Adenda número un del segundo convenio de gestión directa tiene como objeto principal el traslado de la Adenda PRTR aprobada por el ECOFIN en octubre del año pasado: nueva inversión en la componente 5 del PRTR (C5.I5) con 1.070 millones para actuaciones para recuperar acuíferos sobreexplotados en la costa mediterránea», han apostillado desde el Gobierno central.
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Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido al Gobierno de España “mayor agilidad” en la construcción de la desaladora de la Axarquía, afeándole que hayan pasado 14 meses desde que esta actuación se declarase de interés general del Estado hasta que ha sido aprobada la adenda que permitirá formalizar la encomienda a la empresa pública estatal Acuamed.
Carmona ha destacado en un comunicado que “ha pasado más de un año desde aquel anuncio en campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023 y, desde entonces, el Ejecutivo de Sánchez no había movido ni un papel para impulsar esta infraestructura que es urgente para la provincia”, reclamándole “celeridad en los plazos, que se podrán estimar a partir de ahora, una vez formalizada dicha encomienda a Acuamed”.
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“Desde el Partido Popular no entendemos que el Gobierno venda como un logro tardar 14 meses en realizar un trámite burocrático”, ha manifestado Carmona en el mencionado comunicado, apuntando que “una vez encomendada la actuación, Acuamed será la encargada de redactar el proyecto, así como de su tramitación administrativa y posterior licitación de las obras”.
De este modo, ha afirmado que “estamos al principio de un camino que puede ser más o menos largo, según la prioridad que quiera otorgarle el PSOE, que se está tomando muchos esfuerzos en seguir enredando y confundiendo a la opinión pública sobre de quién es la competencia de esta actuación, pese a que el propio Gobierno ha confirmado en respuesta parlamentaria que es el único responsable de la desaladora de la Axarquía, desmontando así las mentiras de los socialistas durante meses”.
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En este punto, el dirigente popular ha lamentado que el subdelegado siga señalando a la Junta de Andalucía “cuando la competencia de esta obra es única y exclusivamente del Gobierno de España”, marco en el que ha advertido de que “los socialistas no pueden dar lecciones en materia hídrica en Andalucía, más bien todo lo contrario, tras su paso por la Junta o cuando Sánchez mantiene sin ejecutar en la provincia obras hídricas por valor de más de 2.000 millones de euros”.
Así, Carmona ha recordado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha realizado una inversión “sin precedente” en la provincia de Málaga, donde ha destinado 400 millones de euros desde 2019 y “donde está impulsando proyectos que los socialistas no ejecutaron durante la sequía de 1995 y que llevaban décadas en el cajón”. Al respecto, Carmona ha reivindicado que, actualmente, “el 42% de toda la obra pública que se está realizando en Andalucía es obra hídrica, que tiene que ver con el abastecimiento, la mejora de la calidad o los tratamientos de regeneración de aguas residuales.
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El secretario general del PP malagueño, que ha recordado al Gobierno de Sánchez lleva más de dos años y medio para autorizar el trasvase de Iznájar, ha citado otras actuaciones pendientes del Ejecutivo en la provincia, como la desaladora de Mijas, las actuaciones en la presa de Gibralmedina, el recrecimiento de la presa de La Concepción, el trasvase del Genal, la presa de Cerro Blanco o el saneamiento integral de la Costa del Sol, entre otros proyectos.
Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha pedido este miércoles celeridad con el proyecto de la desaladora de la Axarquía durante su visita a la planta de Águilas en Murcia, una instalación muy similar a la que está prevista para Vélez-Málaga. Lupiáñez, que ha estado acompañado del concejal de Aguas, Jesús María Claros (PP), y de representantes de Acuamed, la empresa pública de la Administración General del Estado, ha señalado en un comunicado que «este encuentro marca un importante paso adelante, ya que es la primera vez que Acuamed ha contactado con nuestra corporación».
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"Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, reclamamos una mayor celeridad en la ejecución de este proyecto crucial para nuestra tierra. Han pasado catorce meses desde la declaración de interés general del Estado y el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer martes, y es imperativo que avancemos con rapidez», ha asegurado Lupiáñez en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Según Lupiáñez, "el año pasado, desde el Ayuntamiento, realizamos nuestro trabajo con la mayor celeridad posible y, en menos de un mes, respondimos a los requerimientos de la Junta de Andalucía. Esta respuesta fue posible gracias a la coordinación entre todas las áreas y técnicos municipales, con el principal objetivo de acelerar este proceso tan necesario para Vélez-Málaga y la Axarquía", ha apostillado. El alcalde veleño ha considerado que «la construcción de esta desaladora es vital para asegurar un suministro sostenible de agua en nuestra tierra. Continuaremos trabajando incansablemente para hacer realidad este proyecto y garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos».
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